El 90% de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros y la cifra real podría ser superior a 2,000, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

EFE – En El Salvador, al menos 500 personas han muerto en diferentes cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que esta semana cumple cuatro años. El 90% de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros y la cifra real podría ser superior a 2,000, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Esta situación ha sido denunciada en diferentes organismos internacionales, lo que ha llevado al Gobierno salvadoreño a negar en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las acusaciones de torturas y fallecidos en las prisiones del país.

Víctimas de las pandillas y del Estado
Miguel Ángel Vega sostiene una fotografía de uno de sus hijos mientras conversa con EFE en la intimidad de su casa, una vivienda de láminas y piso de tierra ubicada en la zona rural cantón Sisiguayo, en la oriental ciudad de Jiquilisco a unos 150 kilómetros de San Salvador.

Su hijo menor, José Alfredo Vega González de 28 años, fue detenido el 17 de mayo de 2022 y la mañana del 4 de abril de 2025 falleció en un hospital, la causa: sepsis, una afección grave que se produce cuando el sistema inmunitario responde de manera extrema a una infección.

José Alfredo guardaba prisión en el Centro Penal de Izalco (este), donde según Socorro Jurídico se registran la mayoría de muertes de detenidos, y fue arrestado en la etapa «más dura» del régimen en la que se reportaban diariamente cientos de detenciones.

Su padre cuenta que la Policía les «dijo que recibieron una llamada anónima» y luego se llevaron al joven, que tenía una niña de 7 años.

El encargado de una funeraria les avisó que su hijo había muerto, comenta su madre, Martha González, quien supone que el joven se enfermó en prisión de insuficiencia renal porque «allí ni agua les dan» lo que, junto con la sepsis, causó su muerte.

«No tenemos claro de qué murió. Hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos (…) Para mí fue muy duro, no es fácil perder un hijo», dijo la mujer.

Miguel Ángel defiende la inocencia de su hijo y lamenta que salieron huyendo de su antiguo hogar por las pandillas y llegaron a Sisiguayo por la tranquilad, pero «la autoridad» le «mató a su hijo».

Desde la detención, Miguel Ángel y Martha no volvieron a ver a su hijo menor. También su hijo mayor, Vidal Adalberto Vega González de 34 años, fue arrestado en el contexto del régimen de excepción y se encuentra en la Granja Penitencia de Quezaltepeque (este).

«Tengo la esperanza y la fe que él salga. Él no está manchado (tatuado), no andaba en nada (malo), él era del trabajo a la casa», dice Martha con voz entrecortada y lágrimas en sus ojos.

«No traía sus riñones, ni su corazón»
Unos kilómetros más adelante de Sisiguayo, se ubica el cantón Tierra Blanca, también de Jiquilisco, donde vive Ana Cecilia Durán, una madre soltera cuyo hijo de 25 años fue detenido la noche del 19 de abril de 2022 y murió en un hospital de San Salvador. La noticia la recibió el 23 de noviembre de 2023.

«Venía rajado y solo con unas puntadas (…) no traía sus riñones, ni su corazón», comenta y dice que a su hijo, Jonathan Inocente González Durán, «lo torturaron» en la delegación policial a la que fue llevado tras su detención.

Cuenta que un joven -detenido el mismo día que Jonathan- le dijo que a su hijo los policías lo golpearon, «se paraban en él y le ponían el zapato en la cara, para que les dijera quienes eran los pandilleros de la zona».

Jonathan, que deja en la orfandad a un niño de 7 años, se encontraba recluido en el Centro Penal La Esperanza -conocido como Mariona- en San Salvador. Murió por sangrado en tubo digestivo, le dijeron a su madre en el Instituto de Medicina Legal.

«Fue difícil para mí porque ya no lo volví a ver desde el 19 abril de 2022», comenta Ana Cecilia, que dice que «el error» de su hijo fue «hacerle un favor» a la pandilla de la zona con la entrega de «un paquete», porque «lo habían amenazado» de hacerle daño a su hermano y hermana.

Jonathan y José Alfredo eran jóvenes trabajadores, aseguran sus familiares, y ninguno recibió una sentencia antes de su muerte. A Miguel Ángel, Martha y Ana Cecilia ninguna institución del Estado les ha brindado explicación sobre las muertes de sus hijos o información sobre el proceso penal que enfrentaron los jóvenes.