Dos décadas después de su implementación.

Veinte años después de la adopción de la semana laboral de 35 horas en Francia, la ley más emblemática del Gobierno de izquierdas de finales del siglo pasado no ha dejado de generar controversia en el país.

La medida fue aprobada por el Gobierno encabezado por el socialista Lionel Jospin (1997-2002) con el objetivo de reducir el paro mediante la técnica de compartir el empleo, pero también para mejorar la convivencia familiar de los franceses.

Pero sus efectos reales nunca han quedado del todo demostrados y los economistas se dividen entre quienes consideran que fue un auténtico avance social, que además redujo el desempleo, y los que piensan que no tuvo efecto real sobre la creación de puestos de trabajo y, por el contrario, dañó las arcas públicas y la competitividad de las empresas francesas.

La semana laboral de 35 horas ha sido uno de los ejes esenciales del Partido Socialista en su historia moderna.

Desde que Francia adoptó las 40 horas semanales en 1936, la izquierda se ha fijado como objetivo reducir esa tasa.

En la campaña electoral que llevó a François Mitterrand al Elíseo en 1981 ya figuraba en su programa electoral, aunque una vez en el poder solo redujo una hora el tiempo semanal de trabajo.

Cuando en 1997, por la presión social, el presidente conservador Jacques Chirac adelantó las legislativas y, contra pronóstico, la izquierda dirigida por Jospin se hizo con la victoria, las 35 horas eran una de las medidas más importantes de su programa.

Con cinco años por delante, aquel Ejecutivo en el que también estaban comunistas y ecologistas, encargó a Martine Aubry, ministra de Empleo, poner en marcha lo que consideraban una gran conquista social.

Tras más de dos años de debates parlamentarios que dividieron a la sociedad francesa, la ley fue adoptada y se decidió una introducción paulatina en todas las empresas, empezando por el sector público para acabar con las de menos empleados, para darles más tiempo a adaptarse a la nueva situación.

En 2002 Jospin se presentó a las presidenciales pero ni siquiera pasó a la segunda vuelta, en la que el conservador Chirac se midió al ultraderechista Jean-Marie Le Pen.

La victoria del saliente se tradujo en un retorno de la derecha al poder, pero pese a las críticas que habían lanzado al proyecto, no dieron marcha atrás.

Al menos en su fundamento, ya que la ley francesa siguió recogiendo que la semana laboral básica es de 35 horas.

Sin embargo, fueron adoptando medidas de flexibilidad para que las empresas y los empleados pudieran superar el techo de horas semanales fijados en la ley.

En un primer momento, se congeló la aplicación de la medida para todas aquellas pequeñas y medianas empresas que todavía no la habían adoptado, lo que se tradujo en que, aquellas que lo aceptaran, pudieran optar por pagar las horas suplementarias como extra.

Pero fue con la llegada al poder de Nicolas Sarkozy en 2007 cuando el Ejecutivo se lanzó a descafeinar de forma más clara las 35 horas.

Con su lema de ‘trabajar más para ganar más’, el candidato conservador introdujo varias enmiendas para que los trabajadores pudieran superar el límite fijado por la ley.

En concreto, el Gobierno redujo la presión fiscal sobre las horas extra, lo que en la práctica hizo que buena parte de los franceses optaran por el incremento salarial en lugar de tener más tiempo libre.

Pero la semana laboral de 35 horas ha dejado su impronta en el panorama francés.

Los trabajadores tienen la opción de trabajar cuatro días por semana o de acumular esas horas suplementarias y disfrutar de más días de vacaciones.

En los últimos años, incluso desde la izquierda se han escuchado críticas a aquella medida.

El exprimer ministro Manuel Valls, durante años representante del ala más conservadora del Partido Socialista las criticó a mediados de esta década.

Y, poco antes de entrar en el Ministerio de Economía en 2015, el actual presidente, Emmanuel Macron, se mostró partidario de su abolición.