La resolución fue aprobada por mayoría demócrata

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución para mostrar su rechazo al veto decretado por el Gobierno del presidente Donald Trump, con el que la Casa Blanca pretende impedir que los transexuales puedan prestar servicio en las Fuerzas Armadas.

La resolución fue aprobada en el pleno de la Cámara Baja por 238 votos a favor, entre ellos los de cinco congresistas republicanos, y 185 en contra.

‘El veto de la Administración Trump al servicio de las personas transgenero en el Ejercito es discriminatorio y denigra el servicio de patriotas estadounidenses’, crítico el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Steny Hoyer.

Hoyer aseguró, además, que la medida del Gobierno ‘socava la seguridad nacional en un momento de amenazas globales serias’, por lo que defendió el texto de esta resolución que insta al Departamento de Defensa a no instaurar el veto el próximo 12 de abril, tal y como está previsto.

Trump anunció en julio de 2017 que tenía la intención de prohibir a todas las personas transgenero servir en el Ejercito, aunque posteriormente la Casa Blanca se limitó a intentar impedir el reclutamiento de personas que pudieran en un futuro querer someterse a una operación de cambio de sexo.

Finalmente, el Pentágono presentó en marzo del año pasado una normativa que establecía que las personas con ‘un historial de disforia de genero (…) quedan descalificadas del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas’.

La disforia de genero, de acuerdo con la Casa Blanca, define a ‘aquellas personas que puedan requerir un tratamiento medico sustancial, incluyendo medicamentos y cirugía’.

El Pentágono sostiene ese tipo de operaciones requiere de unos recursos económicos que podrían ser mejor empleados y, además, obligan a quien se somete a ellas a un período de reposo que impide su posible despliegue.

La normativa de la Casa Blanca fue bloqueada sucesivamente por distintas cortes estatales, pero el Tribunal Supremo dictaminó el pasado 22 de enero que, mientras que no se falle una sentencia firme al respecto, el Departamento de Defensa puede continuar implementando la nueva política.