Piden que el Departamento de Educación promueva, de manera proactiva y diligente, la educación alternativa como modelo fundamental para cumplir con los derechos de las adolescentes embarazadas.

La organización sin fines de lucro, Proyecto Nacer, dedicada a apoyar, orientar y defender los derechos de las adolescentes embarazadas y madres adolescentes en Puerto Rico, hizo hoy un llamado a la Legislatura para que tome acción y garantice que la enmienda a la Ley 220 del 2004, a través del Proyecto del Senado 1192, sea una que haga verdadera justicia a esta población, atendiendo de forma integral las necesidades y vacíos que aún persisten en la medida propuesta.

“Las adolescentes embarazadas no necesitan medidas parciales ni soluciones simbólicas. Necesitan una legislación sensible, justa y efectiva que proteja sus derechos, les abra oportunidades reales y atienda con responsabilidad las barreras que enfrentan para continuar su educación, acceder a servicios y procurar bienestar para ellas y sus hijos”, expresó la doctora Anayra Túa, principal oficial ejecutiva de Proyecto Nacer.

La organización, que brinda servicios gratuitos a esta población, informó a través de su portavoz que ya ha solicitado reuniones con las coautoras de la medida, las senadoras Joanne Rodríguez Veve, Ada Álvarez Conde, Migdalia Padilla y Wandy Soto y se reunió con asesores del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz. Ello con el propósito de discutir aquellas áreas que todavía faltan por atender y que no están siendo cubiertas por las nuevas enmiendas incluidas en el proyecto.

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La portavoz de Proyecto Nacer sostuvo que, aunque la pieza legislativa representa una oportunidad importante para actualizar la política pública relacionada con las adolescentes embarazadas, todavía requiere ajustes sustanciales para atemperarse al estado de derecho actual y responder de manera efectiva a la realidad que vive esta población.

Entre los planteamientos de la entidad figura la necesidad de que el proyecto incorpore directrices claras al Departamento de Educación para promover, de manera proactiva y diligente, la educación alternativa como modelo fundamental y medio efectivo para cumplir con los derechos de las adolescentes embarazadas, incluyendo orientación sobre sus derechos, sus protecciones y las alternativas educativas disponibles, en particular para aquellas que hayan sido víctimas de agresión sexual.

Asimismo, Proyecto Nacer entiende que la medida debe identificar un organismo fiscalizador que promueva el cumplimiento del Departamento de Educación con estas directrices y que tenga facultades para exigir responsabilidad, incluyendo sanciones cuando corresponda. La organización favorece que este rol recaiga en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a fin de velar también por el cumplimiento de la Carta de Derechos de la Adolescente Embarazada.

“Es esencial recalcar que en Puerto Rico el código penal establece que los jóvenes de 16 años en adelante tienen la capacidad de consentir tener relaciones sexuales, pero les ata las manos a los jóvenes para ejercer una paternidad y maternidad responsable hasta que cumplan la mayoría de edad”, sostuvo la doctora Túa.

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De igual forma, la entidad planteó que el proyecto debe sentar bases concretas para superar las barreras que actualmente enfrentan estas jóvenes para acceder a vivienda pública y al Programa de Asistencia Nutricional, limitaciones que en muchos casos surgen por su condición de menores de edad.
Túa recalcó la importancia de que la legislación contemple el derecho de los padres adolescentes a inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico, una vez cumplan con los requisitos establecidos, sin necesidad de autorización de sus padres o tutores; y así garantizar el derecho de los niños nacidos a adolescentes a tener ambos apellidos al nacer.

La principal oficial de Proyecto Nacer reiteró que “una verdadera enmienda a la Ley 220 debe traducirse en protección real, acceso efectivo a servicios y mayores oportunidades para que las adolescentes embarazadas puedan continuar su desarrollo con dignidad, respaldo institucional y herramientas concretas para construir un mejor futuro”.