José Pérez Cordero reconoce las preocupaciones que se han levantado sobre cómo pueden afectar los derechos de los imputados.

En momentos en que sigue siendo motivo de discusión cuánto, si algo, se transmitirá del procesamiento judicial por asesinato de Anthonieska Avilés, el representante José “Che” Pérez Cordero quiere iniciar una discusión pública sobre el impacto del sistema de transmisión de proceso judiciales.

Mientras tanto, el también representante penepé Gabriel Rodríguez Aguiló presentó una medida para prohibir la transmisión de vistas de causa para arresto y vistas preliminares «al entender que estas etapas no constituyen un juicio y que su difusión puede provocar juicios paralelos en la opinión pública que afectan la presunción de inocencia», indica la medida donde se refiere al «contenido» de estas audiencia, lo que implica también una prohibición de fotografías.

El proyecto deja la puerta abierta a que el tribunal autorice transmisiones para fines educativos «o de supervisión judicial».

Rodríguez Aguiló dijo que ha hablado del tema con jueces, fiscales y otros profesionales del sistema de justicia que han compartido con él sus preocupaciones.

La medida, el Proyecto de la Cámara 1211, mantiene el carácter público de los procesos judiciales y permite excepciones limitadas cuando el tribunal autorice transmisiones con fines educativos o de supervisión judicial.

El tema ha sido motivo de extenso debate y tanto los abogados de defensa como el propio gobierno han presentado reparos sobre el alcance de estas transmisiones y el posible impacto en los procedimientos.

Los procedimientos judiciales, particularmente la vista preliminar y el juicio, son procesos públicos, aunque las Reglas de Procedimiento Criminal facultan a juzgador a determinaran que cierta audiencia será privada si el proceso se ve comprometido.

“La transmisión en vivo o la difusión mediática masiva de estos procedimientos preliminares a través de plataformas digitales y redes sociales puede propiciar que potenciales miembros del jurado formen opiniones sesgadas basadas en una versión parcial de los hechos formulada por el Ministerio Público dirigida a demostrar que la persona imputada es la culpable de delito. Ello presenta una gran preocupación en cuanto a la imparcialidad de la que debe gozar el procedimiento criminal desde sus inicios particularmente en una jurisdicción como Puerto Rico donde la alta exposición mediática y la extensión geográfica limitada facilitan la rápida diseminación de información. En este contexto los candidatos a jurado podrían entrar en contacto con evidencia que puede ser incompleta o que no ha sido sometida al rigor probatorio de un juicio”, dice la Exposición de Motivos de la resolución de Pérez Cordero.

El legislador argumentó que, en casos recientes, la transmisión de etapas previas al juicio ha complicado la selección de jurados debido a que los potenciales candidatos han tenido acceso a detalles del caso.  Igualmente pueden revictimizar e intimidad a potenciales testigos.

“En algunas instancias la defensa ha optado por renunciar al derecho a juicio por jurado, lo que refleja el impacto real que puede tener la exposición mediática en la capacidad del Estado de garantizar un procedimiento imparcial y otros derechos constitucionales de las personas imputadas”, indicó el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.

Pérez Cordero indicó que quiere conocer el posible impacto sobre derechos constitucionales de imputados, si se pone en entredicho la imparcialidad de los procedimientos y el juicio del jurado, el impacto sobre el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia.

El legislador procura citar figuras del Poder Judicial, el departamento de Justicia, la Comisión de Derechos Civiles, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Asociación de Abogados y las facultades de Derecho. La primera transmisión de proceso judiciales en Puerto Rico ocurrió en el 2006 y el Tribunal Supremo, en el 2014, autorizó la transmisión de una vista oral en el caso Germán J. Brau vs. ELA, relacionado con el sistema de retiro.

Algunos casos notorios transmitidos incluyen los procesos por asesinato contra Luis Rivera Seijo, alias El Manco, por el crimen de Lorenzo González Cacho; el proceso criminal contra Jensen Medina Cardona, por el asesinato de Arellys Mercado Ríos; el caso por contra Eduardo Meléndez, por la muerte a tiros de Robert Viqueira; el procesamiento de la legisladora Mariana Nogales y su madre Rita Molinelli y la vista de causa para arresto contra la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.