La Asamblea Legislativa tiene sometidos este cuatrienio al menos 12 proyectos que buscan enmendar la Ley 54 de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, pero algunos adolecen de inconsistencia en su lenguaje y definiciones, lo que provoca mayor estudio.

Esto concluyó el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José Pérez Cordero, después de una mesa de trabajo el martes convocada para discutir estas enmiendas y que contó con la participación de representantes de La Fortaleza, los departamentos de Justicia y de la Familia, la Sociedad de Asistencia Legal, la Policía y la Oficina de Administración de Tribunales.

“Luego de concluida esta primera mesa de trabajo en torno a posibles enmiendas a la Ley 54, entiendo que uno de los aspectos más importantes que trajeron a colación los participantes del panel fue la necesidad de lograr mayor consistencia en el lenguaje utilizado en las diferentes medidas presentadas, particularmente en lo relacionado con las definiciones que contiene la ley. Esta falta de uniformidad puede afectar a todas las partes involucradas en el proceso judicial”, indicó el legislador.

“Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer la integración y coordinación entre las distintas agencias gubernamentales, así como mejorar la recopilación y el análisis de datos estadísticos… Otro punto de consenso entre los participantes fue que, más allá de enfocarnos únicamente en el aspecto punitivo o en el aumento de las penas, debemos dar mayor énfasis a la prevención, que es un principio inherente al propósito original de la Ley 54 de 1989. Este objetivo puede alcanzarse promoviendo mayores esfuerzos educativos y de concienciación sobre la violencia doméstica y la violencia contra la mujer”, añadió.

En la Cámara, están radicados los proyectos:

-23 para autorizar, como prueba acreditativa suficiente sobre el cumplimiento de diligenciamiento de cualquier orden de protección expedida, una copia electrónica de la certificación de diligenciamiento emitida por un agente del orden público o un alguacil; para requerir a la persona peticionada compartir información de contacto una vez haya sido citada a comparecer a una vista por virtud de la Ley  54; y para disponer que la extensión de una orden de protección no se considerará como una nueva expedición de orden de protección, por lo que no será requerido diligenciar la extensión de manera personal.

-103 para establecer el deber del oficial de orden público, de los fiscales del Departamento de Justicia y del juez que preside los procedimientos, de orientar a la parte peticionaria sobre los derechos que le asisten.

-116 para crear la “Carta de Derechos para las Personas Víctimas de Violencia Doméstica”.

-120 para establecer procesos más expeditos para obtener una orden de protección en protección a la víctima.

-203 para disponer que en los casos en que se verifique que contra el peticionado han sido expedidas dos o más órdenes de protección por violación a esta Ley, se anulará su licencia de poseer o portar cualquier arma de fuego y se prohibirá la posibilidad de una nueva expedición futura.

-365 para establecer que, en un caso de reincidencia, la parte promovida que posea armas de fuego, la suspensión de la licencia de poseer o portar será total sin derecho a revocarse.

-547 para disponer que el Departamento de Justicia deberá procurar la asignación continua de un(a) mismo(a) fiscal del Ministerio Público en cada procedimiento incoado al amparo de dicha Ley, desde la vista de preliminar hasta la conclusión del proceso judicial con el objetivo de fortalecer la representación del Estado y reducir la revictimización de las personas sobrevivientes promover la eficiencia procesal.

-788 para eliminar el requerimiento de aprecio sobre los bienes dañados en la tipificación del delito de maltrato en la modalidad de daños de bienes de la víctima; agregar como elemento del delito el hecho de que el bien dañado pertenezca a la víctima o a la sociedad de bienes gananciales de la que forme parte.

-1016 para fortalecer el marco legal para garantizar un justicia efectiva y oportuna a las víctimas de violencia domestica; mejorar los mecanismos de procesamiento y la imposición de penas proporcionales a la conducta criminal.

-Resolución 504 para realizar una investigación exhaustiva en torno a la aplicación de la Ley 54 en casos que involucren menores de edad y su compatibilidad con los derechos constitucionales de los menores.

En el Senado, están los proyectos:

-86 para permitir la aceptación de una copia electrónica de la certificación del diligenciamiento emitida por un agente del orden público o un alguacil; para requerir que la persona citada a comparecer a una vista proporcione su información de contacto; y para establecer que la extensión de una orden de protección no se considerará como una nueva expedición de la orden (similar al P de la C 23).

-609 para disponer que ninguna persona que sea encontrada culpable por el delito de agresión sexual, según tipificado en el Artículo 3.5 de la Ley 54, pueda beneficiarse del programa de desvío contenido en el Artículo 3.6.