Sometieron también una petición ante la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, y el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, solicitando el inicio inmediato de una investigación.

Los representantes por Acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Swanny Enit Vargas Laureano y Ramón Torres Cruz, radicaron una Resolución para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre las imputaciones relacionadas con las alegadas irregularidades que involucran a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

Estos dos legisladores ya refirieron a la funcionaria al Departamento de Justicia.

La medida legislativa busca examinar señalamientos vinculados a la administración del negocio de inspección de vehículos de motor Yabucoa Auto Service, así como alegaciones bajo juramento de un funcionario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que denuncia haber sido objeto de discrimen y represalias por haber intervenido, en el ejercicio de sus funciones, con presuntas irregularidades en dicho establecimiento.

Además, como parte de su fiscalización, los representantes sometieron una petición formal ante la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, y el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, solicitando el inicio inmediato de una investigación, con el fin de que estas instituciones aclaren si la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, incurrió en violaciones éticas o delitos relacionados con el manejo de multas y deudas del centro de inspección Yabucoa Auto Service.

Asimismo, la Resolución 608 dispone investigar si la secretaria obtuvo una reducción de una multa impuesta por irregularidades en las operaciones del negocio, la forma en que se gestionó dicha reducción y los fundamentos para su otorgación, así como la alegada existencia de una deuda relacionada con el establecimiento y si esta fue debidamente informada durante el proceso de confirmación ante el Senado.

“Esta resolución no parte de conclusiones anticipadas, sino de la responsabilidad constitucional de la Cámara de Representantes de fiscalizar con rigor, transparencia y objetividad. El país merece claridad absoluta ante cualquier señalamiento que pueda comprometer la confianza pública”, expresó la representante Swanny Vargas.

Por su parte, el representante Ramón Torres, sostuvo que “cuando se trata de la integridad de un jefe de agencia que administra programas vitales para la recuperación, reconstrucción y estabilidad social de miles de familias puertorriqueñas, no puede haber espacio para dudas. La investigación debe ser rápida, seria y basada en evidencia”.

La R. de la C. 608 también ordena auscultar si, de ser veraces las imputaciones publicadas en los medios, la titular del Departamento de la Vivienda pudo haber incurrido en violación de la Ley de Ética Gubernamental, del Código Penal o de cualquier otra ley aplicable en Puerto Rico. La medida faculta a la Comisión de Transportación e Infraestructura a requerir documentos, citar funcionarios, empleados, contratistas y cualquier otra persona cuyo testimonio o información sea pertinente.

“Este Cuerpo Legislativo no puede permanecer indiferente ante señalamientos de esta magnitud. Nuestro deber es garantizar la transparencia, proteger a los servidores públicos que actúan conforme a la ley y salvaguardar el interés público”, concluyeron ambos legisladores.