“Los contratos de póliza existentes contienen exclusiones expresas relacionadas con la naturaleza y diseño de los vehículos cubiertos”, indicó Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODE) se opuso esta mañana el proyecto que regular el uso de vehículos todo terreno y carritos de golf en la vía pública, al señalar que las compañías de seguro no asegurarían a estos conductores.

Además, advirtió que el proyecto provocaría un aumento en las reclamaciones por lesiones corporales ante la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

De otra parte, el Departamento de Justicia consignó esta mañana, en una vista pública de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumir del Senado su respaldo, aunque con enmiendas técnicas.

El Proyecto del Senado 912 deja en manos del Departamento de Transportación y Obras Públicas autorizar, mediante reglamento, el uso de estos vehículos y Justicia lo describe como “razonable y coherente”.

Pero ACODESE, en una ponencia firmada por su directoria ejecutiva, Iraelia Pernas, señaló que el proyecto de administración “presenta serias deficiencias técnicas, inconsistencias legales y riesgos significativos desde la perspectiva de la seguridad vial, la responsabilidad civil y la viabilidad y ofrecimiento de seguros para estos vehículos”.

Y continúa la ponencia: “La autorización de estos vehículos para transitar por vías públicas podría generar consecuencias adversas no previstas para los usuarios y terceros. Es por lo que, ACODESE no endosa la aprobación del PS 916”.

ACODESE advirtió que se está autorizando con la medida el uso en la vía pública a “vehículos que no han sido diseñados” para ese uso.

“La apertura de las vías públicas a este tipo de vehículos, particularmente en carreteras principales y autopistas, plantea preocupaciones serias en cuanto al aumento en la frecuencia y severidad de accidentes, la exposición a responsabilidad civil y el impacto sobre terceros, razones por las cuales entendemos necesario evaluar esta medida con suma cautela”, indicó Pernas.

La ejecutiva señaló, a preguntas del senador Héctor Joaquín Sánchez, que el proyecto es ambiguo y contradictorio. Por ejemplo, permite el uso de vehículos todo terreno conforme a lo que disponga el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), pero también señala que se tome en cuenta lo que recomienda el fabricante.

“Preocupa que se delegue al DTOP la determinación de en qué vías públicas podrán transitar los vehículos, lo cual se haría mediante reglamentación”, indicó Pernas al señalar que eso debe ser motivo de “escrutinio y decisión” de la Legislatura.

La pieza legislativa indica que, como condición para autorizar el uso del vehículo, el conductor tendrá que ser cubierto por una póliza de seguridad de responsabilidad pública.

“Los contratos de póliza existentes contienen exclusiones expresas relacionadas con la naturaleza y diseño de los vehículos cubiertos”, indicó Pernas al indicar que, entre estos vehículos están los diseñados “para usarse principalmente fuera de carreteras públicas”.

“Estas exclusiones reflejan las recomendaciones de los propios fabricantes de los VTT”, añadió.

Mientras tanto, Justicia favorece el proyecto.

“El PS916 establece un marco legal adecuado para atender los retos que los VTT, VBV y carritos de golf representan en materia de seguridad vial, fiscalización y orden público”, lee la ponencia firmada por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez. “Asimismo, fortalece la capacidad de los funcionarios del orden público para supervisar y controlar la compraventa, traspaso y uso de estos vehículos…”.

Los VTT son vehículos todo terrenos e incluyen a los todo terreno (ATV, por sus siglas en inglés), utility task vehicles (UTV, por sus siglas en inglés) y los VBV son vehículos de baja velocidad.

La propuesta legislativa crea un sistema de registro electrónico de estos vehículos, autorizar el tránsito de los VTT y de los VBV o carritois de golf por las vías públicas, incluyendo autopistas, expresos y carreteras de acceso controlado.

La medida también establece una amnistía de 120 que puede extenderse hasta 180 días para permitir que los dueños de estos vehículos los registren sin penalidades.

Justicia, por un lado, sugiere “armonizar” los requisitos de seguridad aplicables a las diferentes subcategorías de vehículos de la Ley de Tránsito con los incluidos en la normativa federal. También, que el Estado tome en cuenta las directrices que incluye el manufacturero sobre el uso correcto de los vehículos todo terreno.

La agencia también avala que el DTOP establezca, mediante reglamento, “los aspectos técnicos y operacionales relacionados con la circulación de estos vehículos”.  Ha surgido resistencia en la Cámara a que la agencia tanta autoridad, así que Justicia ha propuesto que “determinados parámetros generales” sobre la autorización de uso se incluyan como enmiendas específicas a la Ley de Tránsito (Ley 22-2000), lo que ampliaría.

“Se propicia un balance adecuado entre la certeza jurídica que brinda la legislación y al capacidad de adaptación que ofrece la reglamentación administrativa”, lee la ponencia.