Pero el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados advirtió que el incremento de la tasa máxima y la eliminación de ciertos descuentos podrían desincentivar la inversión.

En el segundo día de vistas públicas representantes del sector privado manifestaron su respaldo al proyecto de Reforma Contributiva, aunque solicitaron varias enmiendas para perfeccionar su alcance.

Entre los participantes en una vista pública de la Comisión de Hacienda en el Senado, la Asociación de Bancos de Puerto Rico propuso ajustes para clarificar la aplicación de la medida, pieza fundamental en la segunda fase de la reforma contributiva impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón. 

Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la entidad, explicó que se sugieren enmiendas técnicas para garantizar la viabilidad y operatividad del texto, destacando la importancia de unificar el lenguaje del artículo 1 y evitar contradicciones en cuanto al tratamiento fiscal de las compañías de responsabilidad limitada de un solo dueño.

Álvarez Rubio también subrayó la necesidad de conceder tiempo suficiente para la implementación de los cambios debido a que la medida contempla una efectividad inmediata y no prevé plazos para la adaptación, lo que complica la programación y el ajuste de documentos y procesos informativos.

En sintonía con la Asociación de Bancos, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) expresó su apoyo condicionado al proyecto, resaltando el impacto de la reforma en la competitividad fiscal. David Rodríguez Ortiz, presidente del gremio, coincidió en que el incremento de la tasa máxima y la eliminación de ciertos descuentos podrían desincentivar que personas sujetas a dicha tasa deseen venir a invertir en Puerto Rico.

Sin embargo, ambos representantes valoraron positivamente el alivio fiscal que la reforma ofrece a la clase media, especialmente al aumentar el umbral de $65,000 a $150,000 para acceder a los beneficios, lo que impacta a un amplio segmento de contribuyentes.

 Álvarez Rubio reconoció que, aunque las cargas fiscales siguen siendo elevadas en comparación con otras jurisdicciones, la reforma inicia cambios prometedores para una clase media que se encuentra “estrangulada”.

Por su parte, Rodríguez Ortiz advirtió que la propuesta no constituye una reforma integral, ya que se centra en beneficios para individuos y no para corporaciones u otras entidades. Entre sus recomendaciones figura la necesidad de acompañar cualquier aumento en la tasa máxima con salvaguardas que aporten estabilidad y permitan una evaluación periódica del impacto, así como la combinación de la financiación de la reforma con ahorros en el gasto público y mejoras en la recaudación.

El Departamento de Justicia también intervino en la jornada, recomendando enmiendas menores para corregir omisiones accidentales en algunos incisos durante la redacción del proyecto. Ketsy García, secretaria Auxiliar de Asesoramiento, aclaró a NotiCel que “las sugerencias son de técnica legislativa y no afectan la propuesta”.

En cuanto a la viabilidad fiscal de la reforma, Justicia dio deferencia a la evaluación técnica al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). 

De otro lado, la Junta de Planificación, afirmó que “desde el punto de vista macroeconómico, no tenemos objeción a este proyecto de ley”, desglosando los beneficios esperados. Supuestamente traería un impacto económico de $1,413 millones en producción local, la creación de 9,139 empleos y unos ingresos salariales de $3,889 millones.

Morales subrayó que los sectores más beneficiados serán la clase media y trabajadora, con aproximadamente 790,000 familias recibiendo alivio fiscal, lo que equivale al 99.8% de los contribuyentes y prevé que la medida contribuirá a la solidez económica de Puerto Rico, evitando la recesión y mejorando el ambiente de negocios.

“Desde el análisis de la Junta de Planificación no tenemos ningún reparo. Los ajustes son una cuestión técnica de cómo se paga, cómo se recibe y eso se lo dejamos al Departamento de Hacienda y Oficina de Gerencia de Presupuesto (OGP)”, indicó Héctor Morales Martínez, el presidente de la Junta de Planificación.

La senadora Migdalia Padilla expresó a NotiCel su satisfacción con la participación del sector privado, al considerar que sus aportaciones permitirán robustecer la reforma. En la sesión participaron los senadores María de Lourdes Santiago, Wandy Soto, Wilmer Reyes y José Luis Dalmau, mientras que otros miembros de la Comisión fueron excusados por compromisos legislativos.

La evaluación de la reforma continuará en el Senado el viernes 23 y martes 27 de enero, con la intervención de nuevos representantes del sector privado como la Asociación de Contadores, ASORE, la Cámara de Comercio y la Asociación de Constructores, entre otros.