Georgie Navarro presentó el proyecto para crear la «Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos».

En respuesta a la determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre el controvertible cargo “promoter fee” en los boletos de espectáculos públicos, el representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez presentó un proyecto de ley para prohibir expresamente dicho cargo.

Navarro Suárez presentó el proyecto para crear la «Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos» con el que busca prohibir “a todo promotor, organizador de eventos o vendedor de boletos en Puerto Rico transferir el costo de la tarifa del promotor (promoter fee) a los consumidores como un cargo adicional o separado del precio base del boleto. Cualquier costo administrativo o de gestión del promotor deberá estar integrado en el precio de venta unitario del boleto y no podrá desglosarse como un cargo accesorio (fee)”.

El proyecto define el “promoter fee” como “aquel cargo que el promotor u organizador de un evento impone de forma adicional a su compensación regular o precio base del boleto, y que se cobra directamente al consumidor como una partida separada. Se entenderá como un cargo que no corresponde a un servicio prestado por un tercero que el promotor deba pagar, sino a un ingreso directo para el organizador”.

La exsecretaria de DACO Valerie Rodríguez Erazo había ordenado la suspensión de ese cargo tras considerarlo ilegal, pero el nuevo secretario, Hiram Torres Montalvo, puso en pausa esa determinación, en favor de los productores.

El proyecto de Navarro Suárez enmienda también el Artículo 3 de la Ley Núm. 209-2016 para que tampoco se incluya un cargo por servicio o cualquier otro cargo “que sea utilizado para incluir cobros no optativos, no opcionales y que no hayan sido expresamente autorizados por el consumidor, ni disposiciones sobre cobrar una cantidad de dinero por concepto de cargos por servicios, cuando dichos servicios son inexistentes o no susceptibles de ser corroborados por el consumidor al momento de percibir el servicio o adquirir el bien”.

“Se prohíbe expresamente el cobro del cargo por servicio en los establecimientos comerciales dedicados a la venta de comida y/o bebidas alcohólicas, excepto cuando el servicio prestado sea requerido por el cliente”, agrega el proyecto.

Esta semana, la Asociación de Promotores y Profesionales de Espectáculos Públicos respaldó la determinación del DACO de poner en pausa la orden administrativa.

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De igual manera, la gobernadora, Jenniffer González Colón, respaldó la decisión de DACO alegando que la pausa permitirá a la agencia analizar en profundidad el impacto de la medida antes de tomar una decisión definitiva sobre la utilización y desglose de dicho cargo en el proceso de compra de boletos.

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Pero, según el proyecto de ley presentado, ese cargo «se añade al precio base, elevando aún más el costo total para los consumidores y afectando directamente el bolsillo de las familias puertorriqueñas, limitando su acceso al arte, la cultura y el entretenimiento».