Por años la Junta de Control Fiscal (JCF) se ha nutrido de exfuncionarios de gobierno, familiares de políticos y afiliados a partidos políticos para realizar los trabajos encomendados por la ley Promesa. Del mismo modo, la JCF ha contratado bufetes de abogados locales que cabildean en el gobierno a favor de clientes privados para asegurar contratación y negocios a nivel gubernamental. 

Estos conflictos de intereses provocaron la aprobación de la ley “Puerto Rico RecoveryAccuracy in Disclosures Act of 2021” (PRRADA), para facilitar que fuera impugnada la participación en el proceso de quiebras de entidades que tenían algún conflicto de intereses. Los primeros cuestionamientos fueron contra el bufete O’Neill & Borges y los consultores McKinsey & Co. quienes alegadamente asesoraban clientes que a la vez eran acreedores en el caso de quiebras o tenían contratos públicos que la Junta aprueba, lo que creaba un claro conflicto de interés.

Mediante la regla 2014(a) de PRRADA se impuso un mecanismo mediante el cual las firmas que reciben compensación por parte de la JCF tienen que divulgar cualquier conflicto de intereses.  La regla ordena a que la Oficina del Síndico de Quiebras del Departamento de Justicia federal revise esas divulgaciones y confirme que los contratistas de la junta no es una “parte desinteresada” en el tema que atiende. 

En una moción presentada al tribunal, precisamente cuestionado los conflictos de intereses en la JCF, el abogado Carlos Lamoutte dijo que, “La Junta de Supervisión existe para traer transparencia a la contratación gubernamental en Puerto Rico, no para permitir transacciones simuladas realizadas en secreto y en colusión para beneficiar comercialmente a los clientes del sector privado de los profesionales empleados por la Junta de Supervisión”.  

Cambio de estrategia 

Estas leyes y reglas federales y los continuos cuestionamientos públicos han obligado a algunos cabilderos a crear otras vías para influenciar las determinaciones de la Junta. 

Una fuente interna de la Junta ha asegurado a este medio que, “aquí adentro [en referencia a la JCF] hay compañeros empleados que por su relación de amistad y familiar comparten información interna con gente interesada en los temas que atienden. Inclusive, se ha pedido a entidades interesadas que colaboren en la redacción de las cartas de aprobación o denegación de algún contrato. La influencia de cabilderos, de entidades del sector privado y asociaciones profesionales es brutal”.  La fuente, quien solicitó comentar de forma anónima, alegó que gran parte del análisis que realizan los empleados de la JCF como parte de sus funciones cotidianas es el resultado de consultas con entidades que “tienen un claro interés comercial, parece como si la Junta está al servicio de intereses privados”.  

Casualidades en la JCF

El sobrino del cabildero Marcos Rodríguez Emma, José R. Pérez-Riera, actualmente funge como Coordinador de crecimiento económico y revitalización para la JCF, cuya función al amparo de la Ley federal Promesa es identificar proyectos críticos bajo el Título V para el desarrollo económico en la Isla. Rodríguez Emma es abogado en la firma McConnell & Valdés quienes mantienen una amplia lista de clientes con temas relacionados a los que precisamente atiende Pérez Riera. Este medio pudo revisar el último informe sobre conflictos de interés radicado por Pérez Riera, pero en el mismo no detalla sus vínculos familiares o si ha atendido peticiones de oficiales de McConnell & Valdez.

Noticel intentó obtener una reacción oficial directa de Pérez-Riera, lo cual no fue posible. Sin embargo, la oficial de prensa Sylvette Santiago mediante declaraciones escritas indicó que Pérez-Riera es el coordinador de Crecimiento Económico y Revitalización de la Junta desde agosto de 2023, supervisando Proyectos Críticos bajo Promesa, ley que prohibe que el Coordinador provea bienes o servicios al Gobierno directa o indirectamente durante un periodo que no fue especificado en las declaraciones escritas.   Santiago indicó que para evitar conflictos de interés, Pérez-Riera transfirió negocios personales a un fideicomiso ciego, pero no reveló quien es la persona que funge como fideicomisario de sus bienes. En la petición de información sometida por correo electrónico, Noticel solicitó copia de las cartas donde Pérez-Riera se haya inhibido de atender algún tema y las peticiones realizadas a su persona por parte de familiares y amigos pero dicha información no fue provista.  

Ignoran los posibles conflictos

La Sección 109(a) de PROMESA exige que todos los miembros y el personal de la Junta de Supervisión estén sujetos a estrictos requisitos de conflictos de interés para cumplir con la Sección 208 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para ello, la JCF mantiene un Código de Conducta, una Política contra el cabildeo y de manejo de conflictos de interés, y recibe el asesoramiento ético Andrea Bonime-Blanc encargada de garantizar cumplimiento y responder a posibles conflictos. 

El Código de Ética que publica la JCF es un tanto ambiguo en prohibir que los funcionarios se dejen influenciar por sus familiares.  En la sección 7 del Código solo invita a los empleados de la Junta a que en caso de que este “participe en la realización de cualquier investigación, auditoría, evaluación o revisión relacionada con su trabajo para la Junta deberá hacerlo de manera objetiva y sin prejuicio personal”.  En la introducción del Código, se menciona que los funcionarios deben evitar “actos u omisiones que puedan crear la apariencia de mala conducta o impropiedad”, lo que igualmente resulta ser ambiguo.  

Impune los conflictos en la Junta

La quejas e imputaciones relacionadas a posibles conflictos de interés han sido comunes desde el comienzo de los trabajos del ente fiscal. En el 2018, se le imputó a Ana Matosantos de mantener un serio conflicto de interes luego de que trascendiera información en la que se vincula a la empresa familiar de bienes raíces de Matosantos con la construcción de una planta de generación de energía renovable en Vega Baja. En este caso, el propio asesor legal de la JCF, Jaime A. El Koury, solicitó al Congreso federal y al Departamento de Justicia federal que no investigaran a Matosantos.

Ademas de conflictos familiares, históricamente, varios integrantes han enfrentado críticas públicas por sus lazos con el sector financiero que posee deuda de la isla. Al inicio de la Junta, Carlos García y José Ramón González fueron objeto de fuertes críticas por haber ocupado altos cargos en el Banco Santander, que fur la entidad que participó activamente en las emisiones de deuda de Puerto Rico. Las acusaciones públicas de conflicto de interes alegaban que los mismos que crearon la crisis fiscal, la estarían resolviendo en sus cargos en la JCF.  

Juan Sabater, quien se recientemente fue removido de la Junta, fue señalado por posibles conflictos por su relacion con la firma de inversión Valiant Capital, y Andrew Biggs fue cuestionado por sus vínculos con  el American Enterprise Institute abogaban por políticas favorables a los acreedores en procesos de reestructuración de deuda. Justin Peterson, quien fue miembro de la JCF por tres años, había sido socio principal de DCI Group, una firma de cabildeo en Washington que representó a grupos de bonistas de las Obligaciones Generales, incluyendo a fondos como Aurelius Capital Management y Autonomy Capital. Publicamente se ha alegado que su empresa coordinó más de $1.3 millones en serivios de cabildeo a favor de los acreedores de la deuda.

El elemento común de todos estos casos de posibles conflictos fue que ninguno fue investigado.