«Los procesos judiciales se respetan, máxime cuando se trata de la libertad y la dignidad de seres humanos lo que está en juego,” expresó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

La jueza Silvia Carreño Coll ordenó al gobierno federal traer de regreso a Puerto Rico a Teófilo Ávila, una persona inmigrante detenida que fue trasladado fuera de la jurisdicción pese a que la ACLU de Puerto Rico radicó un habeas corpus a tiempo para impedir su movimiento.  

Carreño Coll dispuso que Ávila debía ser devuelto a Puerto Rico no más tarde del 2 de febrero y se cumplió la orden ya que llegó a la isla el 1 de febrero.

“Esta orden confirma algo básico que parece no estar claro para los agentes federales de inmigración en Puerto Rico. Los procesos judiciales se respetan, máxime cuando se trata de la libertad y la dignidad de seres humanos lo que está en juego,” expresó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.  

De acuerdo con la orden, el 29 de enero el tribunal había concedido una medida temporera de emergencia (TRS, en inglés) y una moción urgente que prohibía transferir a Ávila fuera de Puerto Rico y requería que se le concediera una vista de fianza ante un juez de inmigración no más tarde del 12 de febrero.  

A pesar de ello, el tribunal fue informado posteriormente que Ávila fue trasladado a Miami, Florida, donde quedó detenido en el Broward Transitional Center, en un proceso arbitrario ya que el gobierno había sido emplazado con copia de la petición de habeas corpus previo al traslado. En su dictamen, el tribunal fue claro en que el cumplimiento con la medida cautelar es “mandatorio, no discrecional”. 

La ACLU de Puerto Rico mantiene cinco casos activos sobre derechos de inmigrantes

A nivel local, desde enero la ACLU de Puerto Rico ha logrado detener el traslado fuera de nuestra jurisdicción de cuatro personas inmigrantes detenidas por agentes de ICE -Martín Medina de la Cruz, Diogene Fermín Fernández, Joan Alberto Zorrilla Lora y Ávila- y asegurar que se cumpla con su derecho a un debido proceso de ley y una vista de fianza mediante la radicación de peticiones de habeas corpus ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.  

En dos de estos casos, jueces federales de inmigración han impuesto fianzas excesivas, un patrón que persigue igualmente violentar los derechos de las personas inmigrantes. Tan reciente como hoy, uno de estos inmigrantes fue puesto en libertad bajo fianza y se encuentra reunido con su familia en Puerto Rico. La ACLU de Puerto Rico sigue atendiendo, además, el caso de Albeto Pierre, inmigrante dominicano detenido el día de Nochebuena y trasladado al estado de Florida.  

“Cuando el gobierno ignora la presentación de un recurso de habeas corpus y trata de burlar la autoridad de los tribunales, no solo atropella derechos fundamentales, también interfiere con el acceso efectivo a la justicia y con la capacidad de una persona detenida de comunicarse con su familia y su representación legal”, anotó el licenciado Rafael Rodríguez, director de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho Interamericana de Puerto Rico, representante junto a la ACLU en estos casos.  

Estos arrestos ocurrieron bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial y reflejan violaciones graves al debido proceso, además de otras posibles violaciones de ley que no se pueden normalizar, subrayó la ACLU de Puerto Rico. 

“Seguiremos litigando para asegurar que se respeten los derechos de las personas inmigrantes detenidas y que el gobierno rinda cuentas cuando actúa al margen de la ley”, sostuvo la licenciada María García, directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, también abogada en estos casos junto a la ACLU.  

Ávila -quien es representado por la abogada de inmigración Rosaura González Rucci-fue detenido en Puerto Rico el 19 de enero y posteriormente mantenido bajo custodia en instalaciones locales antes de su traslado fuera de la jurisdicción. El tribunal subrayó que no hay controversia en que el detenido estaba en Puerto Rico cuando se presentó correctamente la petición de habeas corpus. La jueza, además, denegó una moción del gobierno que solicitaba la desestimación del caso y reiteró que la orden previa (TRO, en inglés) permanece en vigor.  

La orden también reafirma que, aunque el gobierno trasladó al peticionario fuera de Puerto Rico, el tribunal retiene jurisdicción sobre el recurso de habeas corpus presentado cuando Ávila estaba detenido en Puerto Rico y cuando la petición identificó a su custodio inmediato. En ese contexto, la jueza citó jurisprudencia federal que reconoce que un traslado posterior por parte del gobierno no elimina la autoridad del tribunal para atender el habeas ni para ordenar el retorno de la persona detenida al foro donde estaba al momento de presentar la petición.