Se revisaron dramáticamente los cálculos de recaudos si se deroga la exención actual al pago del IVU sobre equipos solares y si se aplican arbitrios a los carros eléctricos.

El componente fiscal del gobierno entregó al Senado la información requerida por su presidente Thomas Rivera Schatz para evaluar la propuesta de alivios contributivos del ejecutivo y señaló que el fisco cuenta con los recursos para cumplir con la llamada reforma contributiva.

Sin embargo, el gobierno también le indicó al Senado, anticipando que no tendría suficiente para financiar la propuesta, que creará una reserva presupuestaria de $300 millones «destinada a respaldar de forma estructural y responsable la implementación de la reforma contributiva, atado a las fuentes de repago presentadas en el proyecto».

El gobierno ha dicho que financiaría, en parte, la reforma contributiva con recortes en contratos por $289 millones a partir del próximo año fiscal.

La extensa solicitud de información, presentada por Rivera Schatz tras anunciar al exsecretario de Hacienda, Francisco Parés, como asesor, se hizo antes de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinara que el proyecto contributivo de administración no era viable. Además, el ente fiscal concluyó que no se trataba de una reforma contributiva integral, que Puerto Rico enfrentará déficits en los próximos años al anticiparse una reducción en los recaudos y que la legislación violaba la Ley PROMESA.

“La información presentada demuestra que la estrategia fiscal y presupuestaria del Gobierno para el periodo bajo evaluación responde a un marco de planificación ordenado, basado en datos verificables, controles formales y proyecciones prudentes», lee el escrito entregado al Senado, firmado por el secretario de Hacienda, Ángel Pantojas; el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos y Francisco Domenech, director Ejecutivo Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

«Este beneficio contributivo objeto de evaluación inyecta liquidez de forma constante en el sistema, incrementando la demanda agregada, propiciando un dinamismo económico que reduciría el impacto presupuestario real, validando la sostenibilidad de la reforma contributiva, según presentada, como un motor de crecimiento para el PNB (Producto Nacional Bruto). Este marco permite avanzar iniciativas de política pública de manera responsable, cumplir con el ordenamiento legal aplicable y preservar la sostenibilidad fiscal del Gobierno, en beneficio del interés público”, indicaron.

Sobre el tema de los recaudos a largo plazo, al que se le añade la posibilidad de que el gobierno reciba menos dinero para el Plan Vital, el ejecutivo señala que si bien el gobierno anticipó superávits hasta el año fiscal 2049, cuando se certificó el plan fiscal en el 2024, la Junta anticipa “superávits agregados menores”.

“En parte debido a la suposición de un “Medicaid Cliff” en el año fiscal 2028, en el cual las aportaciones federales a los costos del Medicaid de Puerto Rico se reducen drásticamente a un nivel estatutario que históricamente nunca ha ocurrido”, indicaron.

El gobierno apuesta, entre otras cosas, a ahorros brutos en la operación de Plan Vital por entre $257 y $262 millones, con ahorros netos proyectados entre $215 y $230 millones. Además, rebates adicionales en farmacia estimados en no menos de $23 millones aplicables al componente estatal.

En una carta de 29 páginas, plantean que el impacto fiscal de las nuevas tasas contributivas sería de $633.3 millones para el año fiscal 2025-2026 y de $829.2 millones en el año 2031-2032, pero ese golpe a las arcas se estaría reduciendo a $388.3 millones con la eliminación del descuento de 5% al 8% y la eliminación también del ajuste gradual, además de nuevas medidas de recaudo.

El costo de la propuesta del gobierno, al contar con otros beneficios para el contribuyente como la reducción en las tasas contributiva, duplicar la deducción por dependiente y liberar de tributación las distribuciones totales del plan de pensión del gobierno de Puerto Rico bajo la Ley 106-2017, sería de $550 millones en el primer año y $725 millones en el año fiscal 2031-2032. Sobre la deducción por dependiente de 18 años o menos, que aumentaría de $2,500 a $5,000, el impacto fiscal, también tomando en cuenta la provisión de ajuste de 2% por inflación sería de $120 millones y $158.2 millones en el año fiscal 2031-2032.

“El costo de cada uno de los cambios se estimó con respecto a las tasas actuales y debemos enfatizar que, los cambios propuestos en este proyecto de ley interactúan entre sí. Esto quiere decir que, dependiendo de los supuestos y el orden en que se estimen los cambios, será el costo individual de cada una de las medidas (aunque todas terminen con un costo agregado neto de $550 millones, si se estiman los cambios simultáneamente)”, lee el escrito acompañado por varios anejos.

La propuesta contributiva se financiaría con varias acciones, como la eliminación de la exención de arbitrios a carros eléctricos. Aunque el gobierno inicialmente dijo que el aumento en recaudos sería de entre $30 millones y $50 millones con ese paso, ajustó la cifra a $102 millones.

“Realizamos una revisión de los estimados con datos actualizados de las reclamaciones de reintegro que someten, tanto los individuos como los traficantes de vehículos de motor”, indicaron los firmantes del escrito. “Se obtuvo el detalle de las reclamaciones procesadas para el año natural 2025. Basado en las reclamaciones recibidas y procesadas, el total de vehículos importados sujeto a la exención de la Sección 3030.03 del Código durante el año natural 2025 alcanzó 5,975 unidades, representando un total de contribución dejada de recaudar de aproximadamente $119 millones”.

A esa cifra se le aplicó un 14% al calcular la anticipada reducción en demanda, por lo que se fijó el nuevo estimado de recaudos en $102 millones.

La medida de derogación de la exención del pago del IVU en material promocional generaría apenas $1 millón, pero se calculó en $107.6 millones el impacto positivo en los recaudos si se deroga la exención actual al pago del IVU sobre equipos solares.

Inicialmente el cálculo fue de $18 millones.

No se elimina la exención para arrendamientos existentes.

“Se recopiló información actualizada de las Planillas Mensuales de IVU sometidas a través de SURI con el propósito de cuantificar la exención reclamada por los comerciantes importadores en dichas planillas. Se considera únicamente la porción del IVU estatal para el estimado. Sin embargo, los municipios pudieran percibir un potencial aumento en recaudos por concepto del IVU municipal. A base de los datos recopilados y actualizados, el estimado de recaudos por esta exención pudiera alcanzar la cantidad de $165 millones anuales”, indicaron. Al aplicarse una reducción de 35% por el impacto a la demanda, los recaudos nuevos bajarían a $107.6 millones.

Por porcentaje, la reducción mayor sería en servicios personales no profesionales, con un recorte de $108 millones, seguido por los $191.3 millones a ser reducidos de la partida de servicios profesionales. También hay recortes por $11.6 millones en servicios de consultoría y $9.6 millones en compra de seguros,

La Oficina de Gerencia y Presupuesto calcula que este presupuesto vigente de $13,800 millones va a generar ahorros por $725 millones. El ahorro mayor, sin embargo, es de $102.7 millones y corresponde al reglón de Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar de la Ciudadanía.