Los partidos Independentista Puertorriqueño, Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana reiteraron su oposición a la aprobación del Proyecto del Senado 717.

Los comisionados electorales de los partidos Independentista Puertorriqueño, Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana reiteraron su oposición a la aprobación del Proyecto del Senado 717, que busca enmendar el Código Electoral de Puerto Rico.

“Las enmiendas aquí analizadas no atienden las causas reales de la desconfianza ciudadana ni los fallos estructurales del sistema electoral, señaló Lillian Aponte, comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Según Aponte, el proyecto de ley mantiene una lógica de representación que calificó como “profundamente problemática” al no reconocer como criterio principal a quien gana una elección, sino a quien obtiene determinada cantidad de voto íntegro. Para la comisionada, esta disposición ocasionará una “crisis de representatividad” dentro de la CEE.

Por su parte, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Javier Márquez, expresó su preocupación con las enmiendas que, a su juicio, aumentan la discrecionalidad administrativa, reducen la fiscalización y colocan las decisiones “en manos que no pueden ser observadas, impugnadas o auditadas por el pueblo”.

Por ello, propuso, en representación de la colectividad, que el proyecto de ley incorpore una cláusula de protección para los partidos minoritarios que asegure el acceso a todas las etapas de fiscalización y una auditoría electoral independiente posterior al evento.

Entretanto, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Roberto Iván Aponte planteó que el Código Electoral disponga la representación de los cinco partidos políticos en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) durante el año electoral. Entre otras propuestas, solicitó que la discusión de una nueva ley electoral establezca controles de un máximo de empleados por destaque de otras agencias gubernamentales en aspectos políticos-electorales y la restitución del concepto de los candidatos o partidos coligados.

“Decir que no hay participación o que se está legislando para que un partido principal, el PPD o el PNP, estén beneficiándose, no es correcto. Cualquier partido puede cambiar su franquicia si pierde el respaldo”, sostuvo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Finalmente, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, presentó varias enmiendas propuestas, como precisar disposiciones relacionadas con el manejo del voto adelantado y ausente, fortalecer los mecanismos de fiscalización y trazabilidad de papeletas, así como clarificar los procesos de referido y atención de posibles irregularidades electorales. Además, recomendó ajustes para robustecer la coordinación entre la CEE y las agencias con funciones investigativas, a fin de garantizar una respuesta más efectiva ante cualquier alegación de violaciones a la ley electoral.

“El Departamento de Justicia avala completamente el Proyecto del Senado 717; solo hacemos recomendaciones técnicas mínimas… Se garantiza a toda persona el derecho al voto, que es un derecho constitucional. El código propuesto moderniza, agiliza y garantiza mayor transparencia”, sentenció Gómez Torres.