La querella examinada apunta a un accidente ocurrido en octubre de 2025 con una Dodge Durango del 2023, tablilla MU-27831, propiedad del municipio.

La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, divulgó el martes una investigación que concluyó que el Municipio de Maricao no ordenó una pesquisa administrativa ni notificó a su oficina un accidente con un vehículo oficial asignado al alcalde.

Según el Informe OC-27-02, la querella examinada apunta a un accidente ocurrido en octubre de 2025 con una Dodge Durango del 2023, tablilla MU-27831, propiedad del municipio.

Para el 14 de octubre de 2025 se radicó una querella ante la Policía de Puerto Rico relacionada con el accidente.

Meses después, en diciembre de 2025, el encargado de la propiedad municipal gestionó una reclamación ante una aseguradora, que acordó pagar 5,494.77 dólares al municipio.

A la fecha del informe, la unidad no había sido reparada, aunque el municipio alegó que la envió a un taller de hojalatería y pintura.

Como resultado de la investigación, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) concluyó que la administración municipal incumplió con el proceso legal y reglamentario que exige investigar administrativamente accidentes con propiedad pública y notificar pérdidas o irregularidades.

Esa omisión privó a la OCPR de información sobre el accidente para los fines dispuestos en la Ley 96.

También dejó al municipio sin información detallada para atribuir responsabilidad a cualquier funcionario o empleado que hubiera actuado con negligencia en el uso del vehículo municipal.

El informe advierte que el alcalde y el encargado de la propiedad pudieron haber infringido disposiciones del Reglamento 41 de la Oficina del Contralor.

Dicho reglamento exige ordenar una investigación administrativa dentro de 10 días laborables desde que se detecta la pérdida o irregularidad, completar la pesquisa en un máximo de 20 días laborables y notificar a la OCPR antes de 10 días laborables después de la investigación administrativa.

Entre sus recomendaciones, la OCPR pidió al alcalde tomar medidas administrativas, asegurarse de que el encargado de la propiedad investigue accidentes con vehículos municipales y remitir los informes correspondientes dentro del término establecido.

A la presidenta de la Legislatura Municipal, la Contralora recomendó informar la situación al cuerpo legislativo para adoptar medidas correctivas y establecer un plan de seguimiento.

“Al personal del Municipio a velar por el cumplimiento de la ley y la reglamentación aplicables, y a promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo”, exhortó la Contralora en el informe.