En declaraciones escritas, la subsecretaria de Justicia, la fiscal Annette Esteves Serrano, calificó como falsas las alegaciones sobre la presunta falsificación de la firma del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.

El Departamento de Justicia rechazó el martes la información difundida en varios medios en la que se aseguraba que la Fiscalía no había realizado gestiones investigativas sobre la presunta falsificación de la firma del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.

En declaraciones escritas, la subsecretaria de Justicia, la fiscal Annette Esteves Serrano, calificó como falsas las alegaciones y sostuvo que reflejan un «total desconocimiento del proceso de investigación criminal».

Esteves Serrano explicó que investigación se lleva a cabo en conjunto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico y se encuentra adelantada.

«En el día de ayer, se divulgó información falsa en un programa de televisión y redes sociales en torno a una investigación relacionada con la presunta falsificación de la firma del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard», expresó la funcionaria.

«Particularmente, se indicó que la Fiscalía no había hecho nada en cuanto a dicha investigación, a pesar de que alegadamente se le estaba robando al pueblo mediante un decreto falsificado. Tales declaraciones son falsas y demuestran total desconocimiento del proceso de investigación criminal. Tampoco fueron corroboradas previamente a través de la Oficina de Prensa de nuestro Departamento, como requiere el ejercicio responsable de comunicación para evitar inducir a error al pueblo. El Departamento de Justicia investiga estos hechos junto a la Policía de Puerto Rico y el proceso está adelantado», indicó.

La funcionaria también recordó que las investigaciones criminales son confidenciales para proteger la integridad del proceso.

«Cabe señalar que las investigaciones son confidenciales, precisamente para proteger la integridad del proceso, evitar alertar a posibles sospechosos y que destruyan evidencia, proteger y garantizar la seguridad de las víctimas y testigos, entre otros aspectos. La confidencialidad también permite a las agencias de ley y orden realizar investigaciones objetivas y libres de presiones externas, salvaguardando un procesamiento justo e imparcial», concluyó.