El juez federal Francisco A. Besosa ordenó que para marzo de 2027 la Policía tiene que tener lista una unidad para medir la “integridad” de sus agentes y que durante la Administración Pierluisi Urrutia no se implantó, a pesar de que ya se había puesto un plazo para junio de 2025.

“La prolongada negativa de la Policía… es totalmente inaceptable”, concluyó el juez a cargo de la Reforma de la Policía al advertir “enérgicamente” que “cualquier cosa que no sea el estricto cumplimiento de esta orden no será tolerada”.

La orden del 13 de mayo consigna que la Oficina del Comisionado Especial (Special Master) de la reforma está desde 2021 tratando de que la Policía cumpla con estas “auditorías de integridad”. José Vázquez Rivera, ayudante especial del superintendente Joseph González Falcón, dijo a NotiCel que esa oficina les indicó a ellos que “no había apoyo de parte de la gerencia”.

“La realidad es que la administración pasada como que no creía mucho en auditorías de integridad porque se podía interpretar que estoy llevando al policía a cometer errores o a autoincriminarse, pero el superintendente Jospeh González cree en esto”, añadió el funcionario, quien dijo no poder precisar si la renuencia en el gobierno anterior del Partido Nuevo Progresista fue a nivel del Departamento de Seguridad Pública o del entonces Negociado de la Policía.

Este sistema de auditorías se realiza en otras fuerzas policiales, incluyendo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), de donde viene González Falcón.

El documento de acuerdo de la reforma precisa que estas auditorías son “regulares, dirigidas y al azar”. Mediante operativos encubiertos, tienen el propósito de identificar y procesar a agentes que cometen actos como detenciones y registros ilegales, uso excesivo de fuerza, actuación criminal potencial, discrimen racial o étnico, y prejuicio hacia comunidades con diversidad de orientación e identidad de género. También, deben traer a la luz instancias en las que el agente desalienta que el ciudadano someta una querella o evite reportar mala conducta con la intención de que no se activen o funcionen las estructuras de disciplina interna en la Uniformada.

Las tres fases que debe completar la Policía para el 31 de marzo de 2027, y para que el juez considere su orden cumplida, son desarrollar una política para estas auditorías, adiestrar el personal a cargo, y tener una unidad de pruebas de integridad completamente en funciones, incluyendo con una sede que esté fuera del cuartel general.

Vázquez Rivera aseguró que la política ya está redactada y bajo evaluación del monitor de la reforma. Con la política aprobada, procederían a reclutar y adiestrar personal. El presupuesto de la Policía ya incluye esto así como el alquiler de un edificio que no se ha identificado todavía pero que será alguno en el inventario de la Administración de Edificios Públicos.