Alegan que el nuevo modelo de pagos implementado por la agencia es arbitrario, discriminatorio y pone en riesgo la viabilidad financiera de la institución.

La administración del Professional Hospital Guaynabo (PHG) anunció hoy la radicación de un recurso legal ante el Tribunal Federal en Hato Rey contra la Administración de Seguros de Salud (ASES), en la que alega que el nuevo modelo de pagos implementado por la agencia es arbitrario, discriminatorio y pone en riesgo la viabilidad financiera de la institución.

La demanda surge como respuesta a la entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2026, del sistema de pagos basado en Grupos de Diagnóstico Relacionados (APR-DRG). Según sostiene la institución, esta metodología de facturación impone tarifas de reembolso que discriminan injustamente contra PHG en comparación con otros hospitales de la zona metropolitana, lo que representa un golpe directo a su capacidad operativa.

«Nuestra prioridad es y siempre será la salud de nuestros pacientes. Sin embargo, no podemos permitir la aplicación de una fórmula de pagos que carece de justificación actuarial y que nos coloca en una desventaja punitiva frente a otras instituciones», lee parte de los planteamiento de PHG.

En el recurso legal, el hospital proyecta una pérdida de ingresos de aproximadamente $636,000por cada 200 pacientes de atendidos bajo el Plan Vital.

La administración sostiene que ASES utilizó datos históricos desactualizados de los años 2021 a 2023, periodo en el que la participación de la institución en el plan gubernamental era mínima, resultando en una tasa base de solo $4,863.90.

Esta cifra contrasta marcadamente con los reembolsos asignados a hospitales competidores. La institución hospitalaria alega en la demanda revela que existe una disparidad significativa, considerando que el promedio de pago a nivel isla es de $6,518.61. Instituciones como el Hospital Metropolitano de San Juan, por ejemplo, reciben una tasa base superior por servicios médicos idénticos. PHG argumenta que esta diferencia viola las cláusulas de debido proceso y de igual protección de las leyes bajo la Constitución de los Estados Unidos.

Más allá del impacto financiero, PHG advirtió que de no corregirse estas tarifas, la institución se vería obligada a evaluar la reducción de servicios críticos, lo que afectaría directamente el acceso a la salud de miles de beneficiarios de Medicaid en la región que dependen del Plan Vital.

A través de esta acción judicial, el Professional Hospital Guaynabo solicita al Tribunal una orden de injunction permanente para prohibir que ASES continúe aplicando las tarifas establecidas en diciembre de 2025. El objetivo es obligar a la agencia a realizar un cálculo justo, constitucional y cónsono con la Ley de Medicaid, que incluya una compensación retroactiva por las pérdidas sufridas desde el inicio del año.

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