La UPR mantiene una deuda de casi $147 millones con sus pensionados, a quienes lleva años pasándoles menos aportaciones que las requeridas.

La Junta de Retiro UPR (JRUPR) le exigió a la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que incluyan en el plan fiscal de la institución académica las aportaciones patronales adeudadas y futuras requeridas por ley para el Fideicomiso de Retiro UPR.

El reclamo surge en el contexto de la revisión del plan fiscal universitario solicitado por la JSF, cuya aprobación final está pautada para el 1 de mayo.

Actualmente, la administración universitaria mantiene una deuda de $146.8 millones con el Fideicomiso de Retiro UPR por concepto de falta de pago de aportaciones patronales. El actuario ha establecido en $158 millones la aportación correspondiente a este año fiscal. No obstante, según los estados financieros del Fideicomiso, durante años se ha mantenido un patrón de aportaciones menores a las recomendadas por el actuario, lo que ha contribuido al aumento de la deuda acumulada.

Al respecto, y mediante carta, la JRUPR requiere “que la Universidad exponga con claridad las premisas que está utilizando en relación con el financiamiento del retiro y que garantice que dichas premisas reflejen las necesidades reales del Fideicomiso de Retiro UPR, y no un nivel de aportación artificialmente reducido”. La comunicación añade que este asunto ha sido llevado con anterioridad a la atención de la JSF, pero que, hasta la fecha, no ha habido respuesta.

La Junta de Gobierno de la UPR tenía hasta el 8 de abril para someter ante la JSF el plan fiscal revisado. Sin embargo, el documento aprobado por el cuerpo rector de la UPR no fue revisado, sino actualizado, y no contempla las partidas para las aportaciones al Fideicomiso de Retiro UPR.

Según explicó la JRUPR, la inclusión de estas aportaciones no responde únicamente a un asunto de sana administración pública, sino a obligaciones concretas establecidas en la Escritura del Fideicomiso, en la Ley Núm. 219 de 2012, en los parámetros actuariales del Governmental Accounting Standards Board (GASB) y en los requisitos de financiamiento adecuado contemplados en la Ley Promesa.

Actualmente, la JRUPR mantiene tres pleitos legales activos contra la Junta de Gobierno UPR y la administración universitaria relacionados con el incumplimiento en el pago de aportaciones patronales, el cobro de deuda acumulada y la impugnación de la congelación del sistema de pensiones actual e implementación de un plan de aportaciones definidas tipo 401K para nuevos empleados de la UPR.

“Existe una responsabilidad ineludible de la UPR para con la continuidad y solvencia del Fideicomiso de Retiro UPR. Este plan se ha mantenido solvente y es uno de los pocos logros significativos en el más reciente estado financiero universitario. Esa solvencia debe ser preservada y fortalecida, no socavada, por el bien del plan y de la propia Universidad”, expresó Luis A. Vicenty Santini, presidente de la JRUPR, cuerpo que, desde octubre de 2020 y, por orden del Tribunal de Apelaciones, tiene la fiducia del sistema de pensiones universitario.

En la comunicación oficial enviada esta semana a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, a la Junta de Gobierno y a su presidente, con copia a la JSF, la JRUPR advirtió que la omisión de estas aportaciones en el plan fiscal sería incompatible con el deber institucional de proteger el sistema de retiro universitario, lo cual es una obligación impuesta por la Ley Promesa. “La Sección 201 requiere que un plan fiscal certificado provea financiamiento adecuado para los sistemas de pensiones públicas. Ese requisito no es aspiracional. Es un elemento mandatorio del propio plan fiscal”, reza el documento.

Aunque planes fiscales anteriores de la UPR han tenido partidas para el Fideicomiso de pensiones, estas han sido deficientes y, en el último plan fiscal, se planteó el congelamiento del sistema. “Eso no se puede hacer sin la anuencia del fiduciario y por esa razón es que tenemos acciones legales activas en los tribunales”, explicó Vicenty Santini.

“Tras la entrega del plan fiscal actualizado, la JSF y las autoridades universitarias tienen ante sí una oportunidad y responsabilidad histórica de rectificar los errores del pasado que han llevado a la Universidad a una situación de precariedad e inestabilidad. Es una oportunidad para restablecer los fondos necesarios para las operaciones y corregir las insuficiencias en el pago de las aportaciones, según determinado por los actuarios del Fideicomiso de Retiro UPR. De no ocurrir esta rectificación, el Fideicomiso tomará todas las medidas que están a su alcance para evitar que esta falta de fondos lleve a la UPR y al plan de pensiones a una situación de precariedad e inestabilidad”, advirtió el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal de la JRUPR.

“Hacemos un llamado a la presidenta de la UPR a actuar con responsabilidad, transparencia y apego estricto a las obligaciones que impone la ley. Proteger el retiro universitario es proteger la estabilidad de miles de familias y defender uno de los componentes más sensibles de la Universidad de Puerto Rico. Es imperativo que la administración universitaria se enfoque en la gerencia responsable del mayor activo histórico del país”, concluyó Vicenty Santini.

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