Oficina de Ética desestimó múltiples casos tras decisión del Supremo sobre beneficios indebidos para “personas privadas”.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) decidió cerrar 16 casos en los que imputaba beneficios indebidos a “personas privadas”, después de que en diciembre pasado el Tribunal Supremo desestimara la multa de $2,000 que enfrentaba el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza.

Los desistimientos incluyen multas contra la alcaldesa del Partido Popular Democrático (PPD) en Salinas, Karilyn Bonilla Colón, y el exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Rodríguez Mateo.

La decisión del Supremo, por voz del juez asociado Luis Estrella Martínez, aclaró y limitó el alcance de “persona privada” bajo la Ley de Ética. Sumada a otra determinación de 2022, que estableció un nuevo estándar de prueba más alto para estos casos, el campo de acción de la OEG se ha restringido notablemente.

La decisión de 2022 que impuso un “crisol más riguroso” en el procesamiento ético fue por voz del entonces juez asociado Edgardo Rivera García, quien ahora, tras su retiro el año pasado, se ha unido como abogado a varios casos de personas multadas por la OEG, incluyendo el de Díaz Atienza. Al funcionario también lo representaron el cabildero Andrés Guillemard Noble y los licenciados Pedro E. Ortiz Álvarez, Joel Andrews Cosme Morales y Héctor Omar Rivera Vale.

El exdirector ejecutivo de la AAA enfrentaba multa de $2,000 por haber autorizado que su subdirector ejecutivo, Yoniel Arroyo Muñiz, usara un vehículo oficial para beneficio personal. El subdirector vive en Moca y usaba el vehículo pagado con fondos públicos (incluyendo pago de peaje, gasolina y mantenimiento) para trasladarse de Aguadilla a San Juan.

Para la OEG y para el Tribunal de Apelaciones, esto era conducta prohibida por la Ley de Ética porque significó un beneficio prohibido por ley para una persona privada, en la medida en que el uso del vehículo era privado, para trasladarse desde cerca de su casa hasta su oficina en la oficina central. Pero, para el Supremo, en una decisión unánime, no podía ser beneficio para una persona privada porque Arroyo Muñiz era funcionario público.

No todos los casos que la OEG determinó desistir por esta decisión son por autorizar el uso indebido de vehículos públicos por parte de un tercero. El de Rodríguez Mateo era porque él mismo usó vehículos públicos para trasladarse como ciudadano privado y el de Bonilla Colón fue por darle nombramientos en el municipio a una ayudante administrativa que no cumplía con los requisitos del cargo al que la nombró.

También fueron desistidos casos contra la presidenta de la Junta de Libertad bajo Palabra, Aixa Pérez Mink, el exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, el alcalde popular de Jayuya, Jorge Luis González Otero, y la multa de Arroyo Muñiz relacionada con el caso de Díaz Atienza.

La OEG entiende que la decisión del Supremo sobre Díaz Atienza afecta cuatro artículos de su ley habilitadora (4.2, 4.3, 4.4 y 4.6) y su director ejecutivo, Luis Vargas Pérez, dijo durante la celebración del Día Internacional contra la Corrupción en diciembre que esperaba acudir a la legislatura para corregir los efectos del caso mediante enmiendas a la ley.

Por otro lado, el Supremo tiene pendiente de adjudicación casos de procesamiento en la OEG contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker Ramos, el alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, y el alcalde de Isabela, Miguel Méndez Pérez. Estos últimos dos afiliados al PPD.

*Editado para corregir municipio del alcalde López Bonilla.