En la vista pública en el Senado se hizo hincapié que lo correcto es garantizar que quienes funjan como ajustadores, se registren ante el Comisionado de Seguros y asistan a seminarios.

En medio de la temporada pico de huracanes en el Caribe, el Senado evaluó la posibilidad de que la Junta Examinadora autorice a ingenieros, arquitectos y agrimensores para que puedan ser contratados por aseguradoras en una emergencia sin ostentar una licencia como ajustador.

También se le daría el visto bueno a los profesionales certificados por la Junta Examinadora de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, para los ajustes en caso de interrupción de negocios y pérdida de ingresos, así como liquidar reclamaciones.

La medida estuvo expuesta a opiniones adversas en la vista pública bajo la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo que preside la senadora Nitza Morán Trinidad.

El Proyecto del Senado 557, fue radicado por la senadora Roxanna Soto Aguilú el pasado abril. Su exposición de motivos dicta que después del huracán María de 2017 y otros eventos catastróficos como los terremotos del 2020, provocaron un cúmulo de reclamaciones, principalmente por la insuficiencia de ajustadores licenciados.

En otras palabras, la medida legislativa pretende que, ante un evento catastrófico, se pueda autorizar a los profesionales antes mencionados para que funjan como ajustadores sin tener que pedir un permiso especial.

Alexander Adams Vega, comisionado de Seguros de Puerto Rico, entiende que se debe requerir que previo a actuar como ajustador independiente de la emergencia, se registren como tal.

«De modo que exista una salvaguarda en protección de los asegurados-reclamantes y consumidores frente a posibles conductas o prácticas indebidas que cualquiera de estas personas pudiera incurrir en el ajuste de reclamaciones. De lo contrario, estaríamos huérfanos de conocer los datos e identidad de las personas que actúen como ajustadores y, por ende, nuestra oficina estaría impedida de velar y fiscalizar el fiel cumplimiento por estos profesionales», sostuvo Adams Vega.

Por otro lado, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados no avaló el proyecto de ley.

«A pesar de que esta medida permitiría que nuestros colegiados lleven a cabo ciertas actividades adicionales de manera responsable y en consideración al Código de Ética que rige nuestra profesión, no nos encontramos en posición de favorecer la misma», resaltó Cynthia J Rijo Sánchez, presidenta del Colegio.

«En el caso particular de los CPA, aunque tienen una licencia que certifica unos conocimientos mínimos en contabilidad, estos conocimientos no necesariamente están alineados para poder ajustar una reclamación de interrupción de negocio. Para poder realizar el ajuste de una reclamación de interrupción de negocio es indispensable estar familiarizados con los conceptos, cláusulas y regulaciones de la póliza de seguros. La póliza de seguros es un contrato entre las compañías aseguradora y el asegurado basados en unos términos y condiciones que no necesariamente están atados a las reglamentaciones de los contables», destacaron.

Igualmente, se presentaron ante la comisión el ingeniero José Raúl Torres y Amarilis Rosario en representación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores donde endosaron el proyecto siempre y cuando se ajuste la medida legislativa con nuevas enmiendas más rigurosas.