Desde inicios de cuatrienio.

Las dos hijas de la gobernadora Wanda Vázquez Garced mantienen o mantuvieron una relación laboral con el Gobierno de Puerto Rico de forma paralela a su incumbencia en el Departamento de Justicia y en la silla Ejecutiva de La Fortaleza.

En ambas instancias, la confirmación ha surgido por vía de funcionarios de la Mansión Ejecutiva, a toda vez que se insiste en la inexistencia de conflicto de interés. Sin embargo, son sucesos altamente comentados en el ámbito público, particularmente en las redes sociales, donde se cuestiona la veracidad de ese argumento.

Las hijas, Beatriz y Stephanie Díaz Vázquez, son producto del matrimonio de la funcionaria con el juez superior Jorge Díaz Reverón, quien comenzó a servir en la judicatura en diciembre de 2009 y actualmente ejerce sus labores en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas.

Por un lado, Beatriz ha laborado en el Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y en el Departamento de la Familia (DF). En los dos casos, no consta en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor que se trate de un contrato, por lo que apunta a que se trata de puestos de carrera en los que ha tenido acceso a propiedad pública como herramientas de trabajo.

A principios de cuatrienio, cuando su madre ocupaba la titularidad del Departamento de Justicia, Beatriz laboró como oficial de prensa del NMEAD. Su nombre, número de teléfono y correo electrónico institucional, así como su asignación a la entidad dirigida por el entonces comisionado Abner Gómez Cortés —luego Carlos Acevedo Caballero— formaron parte del directorio de prensa, compartido a los medios de comunicación por La Fortaleza en abril de 2018.

La agencia fue agrupada junto a otros seis negociados bajo el Departamento de Seguridad Pública (DSP) mediante la Ley 20 del 10 de abril de 2017.

El 7 de diciembre de ese año, Beatriz y su esposo —entonces oficial de prensa de Justicia, Kelvin Carrasco Ramos— fueron víctimas de un robo y un escalamiento en el que dos hombres resultaron convictos.

De acuerdo a la querella policiaca, entre los objetos hurtados se encontró un teléfono propiedad del DSP, perteneciente a Díaz Vázquez, y una computadora portátil de Justicia, adscrita a Carrasco Ramos. Esta información fue reiterada por el fiscal Francisco González Muñiz y la abogada de defensa, Samari Benítez Santiago, en el transcurso del caso, reseñado por NotiCel.

‘La propiedad pública robada (una computadora portátil) estaba bloqueada y se recuperó, por lo que no se afectaron labores ni se perdió información’, declaró en ese entonces la oficial de prensa de Justicia, Mariana Cobián Rodríguez. El DSP, por su parte, no emitió comentarios.

Este fue el caso judicial que dio paso a una investigación colateral por parte de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) con Vázquez Garced como foco por una alegada intervención indebida. En proceso de Regla 6, no se encontró causa contra la entonces Secretaria de Justicia.

En el perfil del NMEAD en Facebook, el negociado compartió una imagen en la que la joven forma parte del recogido de materiales escolares en las agencias públicas, promovido por la entonces primera dama, Beatriz Rosselló. En una de las fotografías, aparece en acto de contabilización de cajas de lápices de colores y otros, mientras que en otra imagen se le ve junto al excomisionado Gómez Cortés, el actual jefe Acevedo Caballero y otros empleados de la agencia.

Posterior a su labor en Manejo de Emergencias, fue transferida al Departamento de la Familia, en donde también se desempeñó en el área de las comunicaciones, pues la agencia emitió comunicados a través de ella. Familia no ha respondido cuál es la relación laboral actual con la joven, egresada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras. Sin embargo, en mayo del año en curso fue ella quien envió un comunicado de prensa desde su correo electrónico personal sobre un simulacro de la respuesta ante un ‘Código Adam’, o sea, tirador activo. El comunicado de prensa, incluso, contenía dos oficiales contacto diferentes.

Por otro lado, la semana pasada se reveló que su hermana, la licenciada Stephanie Díaz Vázquez, ha sido contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para labores administrativas y de gerencia de proyectos, trabajos por los cuales ha devengado más de $100,000.

De las tres contrataciones se desprende que la licenciada Díaz Vázquez juramentó como abogada en agosto de 2018, pero ya había firmado un primer acuerdo con el DCR el 17 de noviembre de 2017, el cual fue enmendado para extender su vigencia hasta el 30 de enero de 2019. Para ese entonces, Vázquez Garced se desempañaba como secretaria del Departamento de Justicia, puesto que ocupó en la administración de Ricardo Rosselló Nevares desde el 2 de enero de 2017.

No obstante, el pacto más reciente que consta en la Oficina del Contralor data de un mes después de que Vázquez Garced juramentó como Gobernadora.

Tras la renuncia de Rosselló Nevares y el decreto de inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo del nombramiento de Pedro Pierluisi Urrutia, Vázquez Garced se convirtió el 7 de agosto en la segunda mujer en gobernar la Isla y la primera en hacerlo por orden de sucesión y no por elección democrática. Para este evento, fue Beatriz quien la acompañó.

Desde La Fortaleza se confirmaron las contrataciones mediante declaraciones escritas de Mariana Cobián Rodríguez, oficial de prensa de la Gobernadora.

‘Dicha relación contractual de la licenciada Díaz Vázquez cesará el 31 de octubre de 2019, una vez concluya sus servicios. Esto no porque La Fortaleza considere que hay conflicto, sino para evitar cualquier apariencia de conflicto’, expresó la portavoz.

El día de su juramentación, la Gobernadora expresó que no descartaba la participación de sus hijas en su mandato, particularmente para darle continuidad a la Oficina de la Primera Dama, acción similar a la realizada por las hijas de la exgobernadora Sila María Calderón Serra.