Su víctima fue una adolescente de 15 años.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Aida Delgado Colón, sentenció ayer a Luis Ángel Domenech Acabá a 30 años de prisión, seguidos de 15 años de libertad supervisada por explotación infantil.

El 25 de febrero de 2026, tras un juicio por jurado de tres días, Domenech Acabá, de 35 años y residente de San Juan, fue declarado culpable de producción y posesión de pornografía infantil. Esta condena se impuso de forma consecutiva con una sentencia estatal de seis años por actos lascivos en un caso separado.

Agentes de la Policía, adscritos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del C.I.C. de San Juan, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos criminales por parte de la fiscalía, por actos lascivos contra Domenech Acabá de 34 años, por unos hechos ocurridos el 25 de octubre de 2023, en el Residencial Monte Hatillo, en Río Piedras. Este caso es diferente a por el cual fue convicto a nivel federal.

Según las pruebas presentadas en el juicio y revisadas por el jurado, desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2018, Domenech Acabá explotó sexualmente a una menor de edad, quien tenía 15 años en ese momento. Las pruebas demostraron que utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería por internet para persuadir, inducir, incitar o coaccionar a la menor a participar en actividades sexuales con el propósito de producir representaciones visuales de dicha conducta.

Durante el juicio, el gobierno presentó testimonios y pruebas digitales que demostraron que, mediante el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos, Domenech Acabá produjo imágenes y videos que mostraban a una menor participando en conductas sexualmente explícitas. También poseía imágenes y videos de la menor y de otros menores participando en conductas sexualmente explícitas, los cuales guardaba en una carpeta protegida en su teléfono celular.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico y Yariel Ramos, agente especial encargado interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), hicieron el anuncio.

Investigaciones de Seguridad Nacional investigó el caso con la colaboración del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Las fiscales federales auxiliares Daynelle Álvarez‑Lora y Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos Contra la Niñez, Trata Humana e Inmigración, estuvieron a cargo de la acusación en el caso.