Desestimación de un cargo causó pugna con fiscal.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) notificó al tribunal que tiene nuevo fiscal y están listos para comenzar la semana que viene el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Hector O’Neill García, a pesar de la sorpresiva dimisión la pasada semana del principal fiscal a cargo del caso, Guillermo Garau Díaz.

Como es regular, el caso contra O’Neill García tenía a un fiscal principal, Garau Díaz, pero tambien a una fiscal delegada, Leticia Pabón Ortiz, quien ha estado desde el principio de la pesquisa y permanece en el equipo acusador. Además, el lunes pasado el Panel designó como fiscal principal del caso a Miguel Colón Ortiz, quien estaba retirado del Departamento de Justicia.

Colón Ortiz fue director de la División de Crimen Organizado de la Oficina del Fiscal General, director de la Oficina de Asuntos del Contralor, Integridad Pública y Delitos Económicos; del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE); y Fiscal Especial General. Tambien fue condecorado por la Asociación de Fiscales y por el grupo federal de ‘High Intensity Drug Trafficking Area’ (HIDTA). Tras su retiro, tuvo contrato en el Departamento de Justicia para trabajar la fiscalización del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) en la División de Delitos Económicos.

Se supone que el jueves el caso de O’Neill García tuviera una vista de status que se pospuso para el lunes, lo cual a su vez pospuso la fecha para comenzar la selección de jurado hasta el próximo martes.

Garau Díaz, el fiscal que tenía la relación más longeva con la OPFEI de quienes actualmente sirven en esa Oficina, sometió una carta de renuncia ‘[p]or discrepancias irreconciliables en la forma de tramitar los casos que tenemos pendiente’. No proveyó más detalles en la misiva ni ha accedido a solicitudes de entrevista.

NotiCel supo que la genesis de la diferencia entre Garau Díaz y la Oficina está en el manejo de una sentencia mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó un cargo que O’Neill García enfrentaba por violación al Artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental, en su versión anterior a la actual, la de 1985.

Ese cargo, que conlleva cuatro años de cárcel fijos, imputa que el exalcalde agredió sexualmente a la Tecnica de Rescate del Departamento de Manejo de Emergencia, Mayra Vázquez Santiago -consistente en tocarle sus senos, nalgas, levantarle la camisa, lamerle e intentar besarle- el pasado 22 de diciembre de 2011 en su oficina de la alcaldía. La mujer rechazó la agresión y O’Neill García la amenazó. Luego trasladó a su esposo, quien era policía municipal.

El licenciado Harry Padilla, defensor del acusado, argumentó que la versión de la Ley de Ética que le aplica a la fecha de los hechos solo prohibía que el funcionario público utilizara sus poderes para obtener un beneficio económico, no sexual. La Ley no específica que tipo de beneficio se prohíbe pero Padilla, utilizando otros casos, argumentó que debería concluirse que los beneficios eran solo económicos y no sexuales.

Garau Díaz y Pabón Ortiz argumentaron que siempre fue la intención de la legislación que se prohibiera cualquier tipo de beneficio y por eso la nueva versión de la Ley de Ética, vigente desde 2012, aclaró que beneficio no se limita ‘a una ganancia pecuniaria o material, sino que denota cualquier forma de ventaja’. Reiteró que O’Neill García obtuvo un beneficio sexual con los actos que cometió contra Vázquez Santiago.

En su sentencia, la jueza Nerisvel Durán Guzmán concluyó que el precedente aplicable del Tribunal Supremo era que ‘es un requisito indispensable que la actividad realizada sea económica; por tanto, desestimó el cargo porque dicho artículo no puede ser utilizado para acusar a un funcionario público que alegadamente cometió delitos de tipo sexual’.

Garau Díaz tenía la intención de elevar esa sentencia al Tribunal de Apelaciones pero el Panel de exjueces que dirige la OPFEI entendió que no era un uso apropiado de los recursos porque en el Apelativo tambien le fallarían en contra. Esta negativa causó la dimisión del veterano fiscal.

O’Neill García aún enfrenta otro cargo bajo la nueva Ley de Ética por una conducta similar contra la exagente de la policía Yenetamine Díaz, dos violaciones a la Ley 54 (maltrato y agresión sexual), un cargo por acoso sexual en el empleo, exposición deshonesta y actos lascivos. Los cargos bajo la Ley 54 le representan la posibilidad de hasta 25 años de cárcel.