Los tribunales no son el primer ni el último freno de la criminalidad. Son el último eslabón de un sistema que comienza en la prevención, la educación y el empleo digno.

Las cifras no mienten. Al cierre de mayo de 2026, Puerto Rico acumulaba 205 asesinatos —un incremento de casi 14% respecto al año anterior— y siete feminicidios. Una víctima era menor de edad. Detrás de cada número hay una familia rota y una comunidad que clama justicia. La Federación de la Magistratura no puede mantenerse al margen.

Una crisis que reconocemos en perspectiva

Los jueces y las juezas de Puerto Rico no somos espectadores distantes. Vivimos esta violencia en cada vista de causa probable, en cada orden de protección firmada al filo de la medianoche. Pero también la conocemos en perspectiva: Puerto Rico llegó a más de 1,100 homicidios anuales entre 2010 y 2011, descendió a 425 en 2021 y hoy repunta. Este ciclo refleja las mareas profundas de la economía, la emigración y las dinámicas del narcotráfico. Contextualizarlo no minimiza el sufrimiento de ninguna víctima; sirve para advertir que las respuestas que ignoran las causas estructurales producen alivios transitorios seguidos de nuevos repuntes.

Lo que la judicatura puede —y no puede— hacer

Los tribunales no son el primer ni el último freno de la criminalidad. Son el último eslabón de un sistema que comienza en la prevención, la educación y el empleo digno. Exigirle a la judicatura que resuelva sola lo que la sociedad no ha podido prevenir es una ecuación destinada al fracaso. Lo que sí podemos —y debemos— hacer es garantizar que el sistema funcione con integridad y ecuanimidad. Eso significa proteger las garantías constitucionales incluso cuando la opinión pública preferiría ignorarlas. Una fianza no puede convertirse en pena anticipada sin prueba. El “due process” no se suspende en tiempos de crisis; precisamente entonces es cuando más se necesita.

El ciclo que nadie quiere ver

Puerto Rico lleva décadas en un ciclo conocido: el narcotráfico como empresa económica donde la economía formal ha fallado. Cuando se desmantela una organización criminal, no desaparece la demanda ni el vacío económico. Lo que sigue es violencia de transición mientras nuevos actores compiten por el espacio. La pregunta pertinente no es si el ciclo puede romperse con mano dura —la historia responde que no— sino cuándo invertiremos sostenidamente en educación, empleo genuino y salud mental accesible.

Lo que le pedimos al Estado

Más arrestos sin más recursos para el Ministerio Público, los tribunales y la defensa pública no produce más justicia: produce más rezago y más impunidad. La impunidad, no la lentitud judicial en abstracto es el verdadero combustible de la reincidencia. Le pedimos al Estado que fortalezca los tribunales de tratamiento de drogas (Drug Courts) y los mecanismos de justicia restaurativa y terapéutica —las únicas intervenciones judiciales con evidencia sólida de reducción de reincidencia— y que la respuesta a los feminicidios sea integral: refugios, salud mental y cumplimiento efectivo de las órdenes de protección que ya existen y que, con demasiada frecuencia, no se hacen valer hasta que es demasiado tarde.

Lo que le pedimos a la ciudadanía

La confianza ciudadana en el sistema de justicia no es un lujo democrático; es una herramienta operacional de seguridad pública. Sin testigos dispuestos a declarar, sin comunidades que denuncian, el mejor sistema judicial se paraliza. Sabemos que esa confianza se ha erosionado, en parte por las demoras y los recursos limitados del propio sistema. La Federación reconoce esas deudas sin evasivas. Pero también advertimos que la percepción de impunidad supera con frecuencia la realidad estadística, y que esa percepción paraliza la denuncia. Convocamos a la ciudadanía a exigir —al Ejecutivo y al Legislativo, no a su vecino más vulnerable— las respuestas estructurales que esta crisis requiere, y a recordar que los derechos constitucionales que hoy protegen al acusado son los mismos que mañana podrían protegerle a usted.

El Estado de Derecho es la respuesta

Un Poder Judicial fuerte e independiente no es un obstáculo para la seguridad pública. Es su columna vertebral. Sin él, todo lo demás —los operativos, las leyes, los presupuestos de seguridad— es construcción sobre arena. La Federación de la Magistratura de Puerto Rico seguirá alzando su voz en defensa del Estado de Derecho. No porque sea cómodo sino porque es necesario.

El autor es juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico. Este artículo es publicado en representación de dicha organización en el ejercicio de sus funciones institucionales. De conformidad con el Canon 24 del Código de Ética Judicial, el autor se abstiene de expresar opinión sobre cualquier asunto pendiente ante los tribunales.