A pesar de reclamos judiciales

La Junta de Control Fiscal dijo el jueves que confía en que a partir del año fiscal 2021 Puerto Rico comience a pagar el servicio de la deuda.

‘Confiramos en que habremos reestructurado la deuda de PR para el próximo año y que Puerto Rico comience a pagar el servicio de la deuda en el año fiscal 2021. Un presupuesto balanceado debe incluir los pagos de la deuda mientras negociamos con los acreedores’, reza el tuit donde se hace mención a Natalie Jaresko directora ejecutiva de la Junta.

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Sus expresiones ocurren en momentos donde el Comite de Acreedores no asegurados pidió esta semana al Tribunal que le otorgara el poder para indagar la posibilidad de llevar a cabo reclamaciones contra aquellos individuos o instituciones que los defraudaron para comprar bonos de deuda de Puerto Rico que ahora la Junta de Control Fiscal busca invalidar.

El Comite Oficial de Acreedores no Asegurados, donde se encuentran varias uniones de Estados Unidos y suplidores y contratistas que mantienen deuda con el gobierno de Puerto Rico, están solicitando auxilio al Tribunal ante la negativa de la Junta de perseguir y encausar a aquellos que estuvieron envueltos en las emisiones de deuda previo a mayo del 2017.

‘La Junta de Supervisión Fiscal está obstruyendo activamente los esfuerzos del comite para investigar la conducta y el endeudamiento previo de los deudores y simplemente permitiendo con su lento proceder que las causas de acción caduquen al no anticipar ni cumplir con los plazos legales’, reza la moción.

La moción del Comite se enfoca en la emisión de bonos (GO) de marzo 2014 de $3,500 millones, emisión que la Junta de Control Fiscal busca invalidar en la Corte argumentando que fue ilegal por exceder los límites de endeudamiento que establece la Constitución de Puerto Rico.

Por su parte la Junta dijo a traves de su cuenta oficial en Twitter que no declina recuperar honorarios, ya que su Comite Especial de Reclamaciones sigue evaluando toda reclamación relacionada a deuda de $6B emitida en 2012/2014, incluyendo potenciales retenciones (‘claw backs’) de honorarios de subscripción.

‘El Comite Especial sí declina perseguir causas de acción por fraude u otras teorías especulativas, pues hay serios impedimentos de prescripción, defensas y otros asuntos que pone en duda la sabiduría de gastar activos del estado en reclamaciones especulativas contra individuos’, reza el comunicado.