La ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal han encontrado oposición entre grupos de ambientalistas, economistas, estudiantes, candidatos a la gobernación, políticos y personas que rechazan que el estatuto federal de Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica para Puerto Rico sirva a los intereses de los acreedores por encima de las necesidades de los puertorriqueños y que es una afrenta a la Constitución de Puerto Rico, el medio ambiente y las condiciones laborales.

James ‘Jim’ Millstein, el principal asesor en reestructuración del gobierno, presidente de la firma Millstein <><>& Co. y quien trabajó en el borrador de PROMESA, reconoce que la Junta de Control Fiscal puede tomar decisiones que serán rechazadas por algunos sectores./p

p

‘No hay duda de que van a denunciar a la Junta de Control dado la tarea que están obligados a hacer, que es tomar decisiones que un grupo u otro puede considerar controversiales. Pero, tú sabes, por eso son nombradas las juntas de control, cuando decisiones difíciles pero necesarias tienen que tomarse pero no se están tomando. Pasó en la ciudad de Nueva York, pasó en Washington D.C. en los ‘90, en Miami, Filadelfia; esto pasa’, dijo Millstein en una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo, luego de participar en un panel titulado ‘The ABCs of PROMESA’, como parte de un seminario organizado por el Ravitch Fiscal Reporting Program de la Escuela Graduada de Periodismo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York el pasado 9 de agosto.

Millstein no ha logrado ningún acuerdo entre el gobierno y los bonistas desde que fue contratado en 2014, aunque el gobierno ha gastado más de $59 millones en contratos entre Millco, la subsidiaria de Millstein <><><><><><><><><><>& Co., y el Departamento de Hacienda y el Banco Gubernamental de Fomento. El contrato más reciente se le otorgó por un mes de duración el pasado 1 de julio de 2016 por $1,215,000, para servicios de consultoría a la recién creada Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico./p

p

Antes de trabajar para el gobierno de Puerto Rico, Millstein, quien es abogado, trabajó para el Departamento del Tesoro, entre el 2009 y el 2011, donde fue responsable de la supervisión y gestión de las inversiones más importantes del Departamento en el sector financiero. Antes ocupó el cargo de ‘banquero de inversión senior’ en la firma Lazard Advisor, del año 2000 al 2009. Antonio Weiss, consejero del secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, que ha impulsado la ley PROMESA en el Congreso, también trabajó para Lazard./p

p

El Centro de Periodismo Investigativo preguntó a Millstein si habría algún conflicto de interés por su trasfondo trabajando para la firma Lazard y con el Departamento del Tesoro./p

p

‘Yeah, yeah, yeah, somehow is like a Lazard conspiracy? (Sí, sí, sí, de alguna manera es como una conspiración de Lazard?), contestó Millstein entre risas./p

p

Dijo que llegó al Departamento del Tesoro porque estaban buscando gente de bancos de inversión independientes y que no tuviesen conflictos de interés. ‘No iban a buscar gente de Citibank o JP Morgan, porque los estaban reestructurando a ellos. Así fue que un grupo de Lazard terminó en el Departamento del Tesoro’./p

p

Sobre su contratación con el gobierno de Puerto Rico, Millstein dijo que se debió a su experiencia en procesos de reestructuración. Antes de trabajar para Lazard, Millstein fue jefe de reestructuración corporativa del bufete Cleary, Gottlieb, Steen <><><><><> Hamilton, quienes actualmente fungen también como asesores en reestructuración del gobierno de Puerto Rico./p

p

Lea la historia completa en la página cibernética del a href=’http://periodismoinvestigativo.com’ target=’_blank’Centro de Periodismo Investigativo/a./p