El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, licenciado Mark Anthony Bimbela, catalogó el sábado, de ‘irresponsables’ las expresiones hechas por el gobernador Alejandro García Padilla, imputando a los abogados y abogadas del País de evasión contributiva y atribuirle toda la responsabilidad de la debacle fiscal de la Isla.

‘El Gobernador vuelve a generalizar de una manera burda a los y las que practican la abogacía en Puerto Rico. El consejo más sabio que se le puede dar al Gobernador es que piense antes de hablar. Ya le pasó una vez con el rector de la Interamericana, y el doctor Manuel Fernós tuvo que traerlo a la realidad y decirle al país la verdad sobre el pago de matrícula en la universidad’, manifestó Bimbela en un comunicado de prensa.

Bimbela declaró que las expresiones del Gobernador denotan un total desconocimiento sobre la práctica de la abogacía en Puerto Rico.

‘El Gobernador, a pesar de ser abogado, desconoce totalmente cómo es administrar una oficina legal. Y no me refiero a la práctica opulenta de la profesión, que a lo mejor es la que él conoce. Me refiero a la del abogado y abogada que tienen su oficina propia y que, por la situación económica, a veces no les da ni para pagar la renta, a los abogados y abogadas cuya práctica ha mermado sustancialmente y, sin embargo, los siguen atosigando con casos de oficio y tienen que dar de los recursos que no tienen para llevar ese caso gratuitamente. El gobernador nunca ha visto un caso Pro-Bono, nunca le han asignado un caso de oficio por el Tribunal y nunca ha llevado casos en dónde los clientes no han satisfecho los honorarios pero aún así, hay que seguirlos representando en el Tribunal. Esa es la práctica que el licenciado García Padilla no conoce y nunca conocerá’, sostuvo Bimbela.

Por su parte, Bimbela manifestó que no es descabellado que haya abogados y abogadas que reporten $16,500 de ingreso anual.

‘Nosotros recibimos muchos abogados y abogadas que se encuentran en una condición económica sumamente paupérrima, y en ocasiones la procuradora del Abogado y la Comisión de Asuntos del Abogado tienen que intervenir para evitar que ese abogado pierda su propiedad y, en ocasiones, no tienen ingresos ni para pagar sus cursos de educación continua y el Colegio los auxilia para que puedan cumplir. Es ahí cuando el Gobernador presume que, por pertenecer a esta clase profesional, se reciben unos ingresos exorbitantes. Obviamente, hacemos énfasis en que la práctica profesional del Gobernador siempre ha sido en el servicio público, por lo que entendemos que el problema es uno de desconocimiento de las dificultades que atraviesa un abogado en la práctica privada’, recalcó Bimbela.