Una unidad de manejo de riesgos del Departamento de Educación de Estados Unidos se encuentra desde el lunes en la sede del Departamento de Educación para auditar los contratos de los programas que reciben fondos federales ante el reiterado incumplimiento con los estándares de tiempo, luego de los recortes presupuestarios.

En una agenda que se extenderá hasta el viernes, el equipo liderado por Lorena Dickerson, tiene pautadas reuniones con el gobernador Alejandro García Padilla, y el secretario de Educación, Rafael Román, para establecer el impacto que ha tenido la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional en la administración de los fondos federales para programas educativos. El grupo también auscultará medidas correctivas que se pueden adoptar para garantizar que no se vean afectadas áreas críticas de los programas por los recortes implementados en febrero de este año.

Aunque inicialmente, el Secretario indicó que la Ley 66 no estaba en discusión porque, ‘el gobierno federal no interviene en asuntos que tengan que ver con ley estatal’, luego admitió que era un tema público y que no había ningún problema porque esa Ley exime al DE y al Programa de Educación Especial. Lo que está en agenda es dar una explicación (sobre la Ley 66), no es que hay una intervención indebida’, aclaró.

La visita de la unidad de Servicios de Gestión de Riesgos, adscrita a la Oficina del subsecretario de Educación Federal, James Shelton, coincide con la salida del director de la Oficina de Asuntos Federales hace menos de un mes. El licenciado Ramón López de Azúa, dejó el puesto luego de que el Secretario, Rafael Román, le removiera su confianza por lo que catalogó como ‘visiones distintas’. Esas visiones estaban relacionadas, según supo este diario, con el cumplimiento con los estándares federales, que López de Azúa quería llevar al pie de la letra, mientras que para el Jefe de la agencia no componían una prioridad. La visión del Secretario es que atender todas las especificaciones federales significaría una inversión adicional, en tiempos de estrechez fiscal, comunicó una fuente de este diario.

Dickensony su equipo de manejadores de riesgo tienen pautadas reuniones con los directores de los diferentes programas educativos recipientes de fondos federales, incluyendo el secretario interino de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, nombrado hace dos semanas trasla destitución de Doris Zapata. También están citados los directores de los programas deTítulo I, Título III, Escuelas del Siglo XXI, School Improvement Grants (SIG),Personas sin Hogar, así como la subsecretaria de Recursos Humanos, Julia Nazario; y el director de contrato de la unidad, Roberto Calzada.

Se auditarán los distintos programas desde la presentación inicial de ‘necesidad’ hasta el proceso de aprobación final, ante las demoras de meses que se dan internamente en asignar los recursos y las jornadas necesarias. También se evaluarán los procedimientos por área, tanto a nivel escolar como de distrito, región y nivel central.

Román negó, sin embargo, que se tratara de una auditoría, en su lugar utilizó el término ‘visita’ y ‘reunión de trabajo’ para explicar que no es un proceso irregular dentro del DE. ‘Ahora mismo lo que hay son reuniones de trabajo para darnos seguimiento a cómo estamos ejecutando los planes de trabajo. No hay auditorías’, comentó en una conferencia de prensa durante el mediodía.

‘Eso es una novela. Aquí no hay ninguna auditoría. Lo que hay es una visita, que ocurre cada tres meses, cuando no es físicamente, se hacen los quarter reports y llamadas telefónicas’, reaccionó, al asegurar que están en cumplimiento con las regulaciones federales.

El Secretario aseguró que se trata de una iniciativa de prevención, más que de irregularidades, para orientar al DE sobre cómo mejorar sus resultados. Dijo que otros problemas en las contrataciones se han corregido con el programa computarizado, Recluta.

Este diario conoció que miembros de la Oficina del Inspector General (OIG) también se encontraban en la sede, a lo que el Secretario contestó que ‘a veces hay visitas que se dan porque la gente empieza a especular cosas y eso más que ayudar a Puerto Rico, le hace más daño’.

Debido a incumplimientos anteriores, el DE ya había estado en un Acuerdo de Cumplimiento durante un periodo de siete años desde 2004 a 2011. Si la unidad determina que se debe someter al DE nuevamente a un acuerdo, esto significaría más visitas y controles, y además,pone en riesgo los fondos federales que recibe la agencia.

*Historia originalmente publicada a las 5:00 a.m.