La representación legal de la Diócesis de Arecibo entregó el viernes al juez Ángel Pagán Ocasio los documentos para corrobar si las víctimas de abuso sexual por sacerdotes expulsados eran mayores de edad al momento de presentar la denuncia ante el foro eclesiástico.

El licenciado Frank Torres Viada, abogado de la Diócesis, explicó que con los expedientes suministrados, el magistrado podrá determinar si alguna de las víctimas era menor de 18 años, al momento de acudir a la Iglesia a hacer su denuncia, en cuyo caso la Diócesis tendría que suministrar sus datos al Estado.

Sin embargo, Torres Viada aclaró que la Diócesis ya había cumplido con esta disposición, pues su protocolo les obliga a notificar inmediatamente a las autoridades civiles cuando la víctima es menor al momento de presentar su denuncia.

‘En cuanto a las víctimas adultas (mayores de 18 años) al momento de presentar la denuncia, el Tribunal reconoció que conforme al derecho a la intimidad cobijado por la Constitución de Puerto Rico, estos deben tener la oportunidad de objetar la entrega de la información que brindaron a la Iglesia bajo el entendido de que se mantendría confidencial. Por ello, el juez deberá solicitar a la Diócesis de Arecibo que notifique a estas víctimas adultas del interés del Estado en obtener su información y las víctimas tendrán un tiempo razonable para expresar si objetan o aprueban dicha entrega. De objetar por escrito, el juez deberá respetar el derecho a la intimidad de estas víctimas adultas y dejar sin efecto los subpoenas o requerimientos de información emitidos por el Departamento de Justicia’, se indica en un comunicado de prensa circulado el viernes en la tarde.

Torres Viada manifestó que este caso siempre se ha tratado de personas que llegan a la Iglesia siendo adultas, años después de que ocurrieron los hechos y bajo la expectativa de que la información brindada a la Iglesia no sería revelada a otras personas.

El abogado aseguró también que la confidencialidad de los procesos de la Iglesia es vital para que otras víctimas acudan a la Iglesia a presentar denuncias de actos impropios y poder conducir las investigaciones eclesiásticas de manera efectiva.

Por su parte, el obispo de Arecibo,Daniel Fernández Torres, se reiteró satisfecho con que se hayan encontrado los canales adecuados para trabajar juntos el Estado y la Iglesia por el fin común de erradicar este mal.