Mientras se espera a que en cualquier momento el gobernador Alejandro García Padilla le estampe su firma a la ‘Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico’, el senador Jose Rafael Nadal Power aclaró que dicho cuerpo legislativo conserva la injerencia de determinar los miembros que compondrán la Junta de Gobierno de las corporaciones públicas.

Nadal Power dejó entrever que la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica pudo haber acelerado la radicación y aprobación de la medida, además de los problemas que existen con otras corporaciones públicas.

‘Se propuso ahora, un poco de prisa, hubiésemos preferido que fuese antes, pero la realidad es que hace falta este tipo de Ley, y por eso dijimos pues vamos a aprobarla, ya que la propusimos hace meses. Y mejor tarde que nunca’, determinó.

En entrevista con NotiCel,presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado,destacó que en un proceso de negociación con la Cámara de Representantes, al P. del S. 1164 se le introdujeron varias enmiendas durante el proceso de aprobación en el Senado, con las que posteriormente concurrió la Cámara Baja, donde principalmente se reafirma que todo nombramiento a la Junta de Gobierno de cualquier corporación pública debe contar con el consentimiento del Senado.

Inicialmente, la medida pretendía darle facultades al Gobernador para nombrar nuevos miembros de la Junta de Gobierno de las corporaciones públicas, como reemplazar a los miembros, en cualquier momento y de manera provisional durante el periodo de suspensión, sin el consentimiento del Senado.

‘Nosotros cambiamos eso para que siempre tenga que pasar cualquier nombramiento por el Senado, porque es una potestad constitucional que el Senado no va a renunciar a ella’, puntualizó.

También a la medida se le hicieron cambios ‘técnicos’ para, por ejemplo, darle validez a lo dispuesto en la Ley 66 sobre el proceso de negociación de los convenios colectivos en aras de darle seguridad a los empleados de las corporaciones públicas.

El legislador se mantuvo firme que la Ley le dar mayor certeza a los inversionistas, y que el fin es establecer un mecanismo legal para en casos de insolvencia de las corporaciones, que ya los acreedores están familiarizados por el proceso similar que dispone el Código de Quiebra Federal. Por lo tanto, descarta que pueda surgir una nueva degradación o que afecte la credibilidad del país ante los acreedores como plantearon los legisladores de minoría.

‘La Ley no lleva a la quiebra a ninguna corporación. Las corporaciones se van a la quiebra por sí misma. Esta es una Ley que está ahí para en caso de que una corporación la necesite si resulta insolvente. Y mejor que exista la Ley a que no exista. Esto le conviene a todo el mundo, porque si no hay una Ley como esta y una corporación es insolvente, lo único que va a regir son los contratos que tenga la corporación con sus suplidores y bonistas… y literalmente los acreedores se podrían quedar con la corporación’, sentenció.