Sin disputar los hechos sobre los terminos de su contrato con el gobierno de Puerto Rico, los proponentes de la incineradora de Arecibo, Energy Answers (EA), advirtieron que el riesgo ambiental que representan los vertederos de Puerto Rico ya no admite parchos y que, sea con su incineradora o con otros metodos alternos, los costos del manejo de desperdicios en Puerto Rico van a aumentar.

En entrevista con NotiCel, el gerente del proyecto de la incineradora para EA, Mark Green, no disputó los hechos del contrato de EA con la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), y en el que la ADS se obliga a garantizarle a la incineradora un flujo de desperdicios sólidos para hacer viable su operación. Pero Green argumentó que se trata de poderes que la ley le da a la ADS, y no de poderes nuevos creados sólo para el contrato.

Green sostuvo también que el historial de manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico no permite concluir que los intentos por alargar la vida útil de los vertederos va a tener éxito, por lo cual soluciones como la que propone EA tienen que estar listas para operar en el período de los próximos 24 a 36 meses, cuando cerrarían varios de los vertederos que no están en cumplimiento ambiental hoy.

‘Ellos (el gobierno) no están haciendo cosas para acomodarnos a nosotros, estamos todos trabajando para cumplir con el itinerario dinámico’, subrayó en referencia al documento de 2008 que constituye la política pública sobre manejo de desperdicios en Puerto Rico y que dicta que los vertederos entren en cumplimiento con las regulaciones ambientales federales y locales, o que cierren.

‘Esto es más un proyecto de infraestructura, que un proyecto comercial. Es una propuesta grande, va a estar ahí por 30 años. Para que esté disponible cuando (los vertederos) cierren, tenemos que comenzar ahora’, argumentó a la vez que sentenció que los vertederos en Puerto Rico no tienen un historial de cumplimiento con regulaciones ambientales y que no se espera que comiencen a cumplir ahora con las extensiones que están pidiendo.

Ante la preocupación de los alcaldes sobre los costos adicionales que se generarían si la Junta de Calidad Ambiental (JCA) sigue con su plan de cerrar los vertederos de forma acelerada sin contemplar alternativas, el ejecutivo contestó que ‘no niego la realidad de las prepocupaciones de los alcaldes, sólo creo que no hemos tenido la oportunidad de discutir las alternativas’.

Green se mantuvo en esa línea a preguntas específicas sobre si se han iniciado conversaciones con el gobierno para ayudar a los municipios a financiar la transición de los vertederos a la incineradora.

Pero el asesor ambiental de EA, y ex secretario de Recursos Naturales de la Administración Acevedo Vilá, Javier Arocho, fue más directo y declaró que ‘con o sin la incineradora el pueblo de Puerto Rico enfrentará los costos en términos de hacer lo correcto con los desperdicios sólidos, tenemos que entrar en cumplimiento, y los alcaldes, todos nosotros, vamos a tener que enfrentar los costos’.

Arocho también argumentó que los alcaldes que ahora se oponen al empuje de la JCA para cerrar los vertederos saben desde hace años que en algún momento ese problema ‘vendría a tocarles las puertas’.

La licenciada Lillian Mateo Santos, asesora de permisos de EA, añadió que los costos de manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico se han mantenido artificialmente más bajos que en otras jurisdicciones precisamente porque los vertederos no cumplen con las regulaciones ambientales.

‘El precio real no es el precio real cuando uno los compara con facilidades que están en cumplimiento (con regulaciones)’, dijo al argumentar que se supone que los municipios hubieran planificado, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista operacional, para el cierre de los vertederos. Añadió que, aún si la incineradora no existiera, los puertorriqueños enfrentarían aumento en costos de manejo de desperdicios sólidos sea por el lado del uso de camiones para llevar la basura a los pocos vertederos en cumplimiento que existen en la isla, o por el lado de los millones de dólares que habría que invertir para mitigar los estragos ambientales que se desarrollarían en los vertederos.

(Tercero de una serie.)

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