El representante legal de AM Contract, empresa que administra el residencial Luis Llorens Torres en San Juan, justificó el inicio de los procesos en los tribunales para desahuciar a ocho familias que por alegados atrasos en el pago de los servicios de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) están a punto de quedar en la calle.

El abogado de la compañía privada, Carlos Carillo, explicó a NotiCel que las demandas de desahucio presentadas en el Tribunal de San Juan tiene dos objetivos: que los titulares de esos apartamentos en el complejo de vivienda pública paguen los servicios básicos de agua y luz, o continuar con el proceso hasta cancelar el contrato del arrendatario, lo que representaría una salida de la persona de la unidad.

‘Lo que estamos planteando es que los residentes no tienen el servicio de energía eléctrica instalado. No tienen una conexión y no han provisto una prueba de que así es. Si tienen la evidencia, hasta ahí llegaría el caso. Nosotros no estamos solicitando pago de energía eléctrica ni nada por el estilo. Simplemente un cumplimiento contractual’, sostuvo el letrado.

‘Aquí lo que se está solicitando es el cumplimiento de un contrato que dice que los residentes tienen que tener esas utilidades (servicios de agua y luz)’, agregó Carillo.

El abogado admitió que estos casos no son los únicos que están en pleito, sino que hay otras empresas administradoras de residenciales que están acudiendo a los tribunales alegando incumplimiento de contrato.

‘Esto no es nuevo. Es algo que siempre ha ocurrido. Estos casos se están viendo en otras salas y me consta que se está llevando en otros tribunales por otras compañías. Esto es una obligación de todas las compañías de hacer cumplir el contrato de arrendamiento’, dijo sobre el particular.

‘Cada agente administrador tiene una obligación contractual con la Administración de Vivienda Pública de hacer valer el contrato. Si no lo hace, estaría incumpliendo con su obligación. Mi contrato lo que exige es que los residentes tengan los servicios de agua y luz, independientemente haya un plan de pago’, insistió.

Carillo tiene hasta el 5 de diciembre si el procedimiento civil continúa de forma sumaria, o se convierte en ordinario, por lo que la jueza superior Eva Arraya Ramírez señaló la continuación de los ochos casos consolidados en uno para el 11 de diciembre a las 2:00 de la tarde.

El Colegio de Abogados y Abogadas asumió la representación de los residentes de forma gratuita, y adelantó que evalúan la posibilidad de entablar un pleito de clase para que los jueces se vean imposibilitados de ver esos casos.

‘Un residente se expone a ser desahuciado sin que un representante de la corporación pública registre la desconexión o presente prueba de incumplimiento de servicio y/o planes de pago. Sin la presentación de esa evidencia, que sería la base mínima para establecer un incumplimiento de contrato, se lanzan miles de familias a la calle. Es un procedimiento atropellado que burla el derecho a la vivienda y una vida digna’, puntualizó Alvin Couto de Jesús, uno de los abogados en el caso.

‘Las administradoras de los residenciales públicos se están convirtiendo en las cobradoras de los servicios de la AAA y AEE. Cuando se sigue agravando y subiendo la deuda del agua y la luz muchos de los residentes no pueden pagar’, agregó.