Negociado de Energía escucha, y a veces debate, con ciudadanos en el principio del proceso de participación ciudadana para la revisión de la tarifa básica.

Por unas seis horas, el Negociado de Energía (NE) escuchó, y en ocasiones debatió, el jueves con pensionados de bajos ingresos, profesores, ambientalistas, abogadas, peritos del sistema eléctrico, retirados del sector privado, activistas y representantes de gasolineros y de residentes de urbanizaciones que se manifestaron en oposición a un aumento en la tarifa básica de energía eléctrica.

Las vistas públicas terminan hoy en Yauco, pero hasta el 6 de marzo se recibirán comentarios en comentarios@jrsp.pr.gov usando el título “Public Comments on PREPA’s Rate Case — Case No. NEPR-AP-2023-00203” y también en la oficina del negociado. En diciembre hubo vistas evidenciarias con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Genera PR, LUMA Energy, bonistas, y representantes de cadenas de comercio al detal y de productores de energía solar. La organización Queremos Sol apuntó que, tan solo en los presupuestos que sometieron LUMA y Genera, hay unos $40 mensuales en aumento para el abonado residencial.

Los participantes en la vista de ayer aportaron análisis y alternativas, pero también indignación y desesperación.

“Si ustedes aprueban este aumento, ustedes están enterrando a los que nos quedan, a nuestros viejos… ¿ustedes quieren perder a Puerto Rico?”, reclamó Elizabeth Bruno González, residente de Caguas, quien, con su esposo, conforman un matrimonio de pensionados por discapacidad que pasaron 10 meses sin el servicio de energía tras el huracán María. Relató que la experiencia de esos 10 meses causó enfermedades físicas y mentales que su esposo todavía padece y que le requieren medicamentos por $1,000 mensuales, teniendo como ingreso solo el Seguro Social.

“Por eso yo decidí hablar hoy, porque se olvidan de los campos o de las personas que tienen problemas de salud”, afirmó al terminar su intervención diciéndole a los comisionados que “estoy muy dispuesta a contestarles” sus preguntas. Pero ningún miembro del negociado la cuestionó.

Un aumento en el costo de electricidad sería “una forma de violencia económica a los envejecientes”, declaró Irma González, del grupo de pensionados Construyamos Otro Acuerdo. Aportó que 60% de los pensionados en la isla viven con ingresos mensuales de $1,092 o menos que no se ajustan por inflación. “No hablamos de lujo, hablamos de supervivencia”, añadió.

El hecho de que este año será ya el noveno aniversario del huracán María también lo recalcaron las abogadas Laura Arroyo Lugo y Lorena Vélez Miranda, de la organización Earthjustice. Desde el huracán, y con todo y privatización de las operaciones, “pagamos más por un servicio que funciona peor”, dijeron en ponencia conjunta. Criticaron que la tarifa aumente con los “presupuestos inflados y no auditados por un tercero” que sometieron LUMA y Genera, pero consignaron que no están rechazando el pago de las pensiones de la AEE a través de la factura.

“¿Nos quieren aumentar con un servicio tan deficiente?… ¿Qué quieren que hagamos la ciudadanía?”, expresó, “del corazón”, José Miranda González, presidente de la asociación de residentes de la urbanización Venus Gardens en Cupey. La mayoría de las 1,600 residencias allí experimentan fallas en el servicio por lo menos seis días a la semana, aseguró. Tanto allí como en otras urbanizaciones a las que asiste en ese sector de San Juan tienen también “calles completamente oscuras” por mala infraestructura de iluminación y han tenido que desarrollar una dinámica de asistencia constante a vecinos que pierden comida o medicamentos por enseres quemados.

El exsuperintendente del sistema de transmisión en la AEE, ahora perito retirado, Wilfredo Valentín, instó al negociado a enfocarse en la calidad del servicio con una “auditoría de confiabilidad” que, aseguró, nunca se le ha hecho a LUMA. “Todo lo que se está hablando es dinero”, criticó al articular que no hay suficiente atención a si LUMA suple energía con calidad y con seguridad. “Cualquiera de nosotros puede ser electrocutado por LUMA, porque no siguen los códigos”, opinó.

Dos participantes también pidieron al negociado que tuviera en mente otros efectos económicos mayores que puede tener un aumento en la tarifa.

Como madre de un joven con discapacidad, Carmen Rivera Pagán anticipó que el aumento en los costos de los centros de cuido pueden provocar que menos padres puedan tener a sus hijos allí y tengan que abandonar empleos para poder cuidarlos ellos mismos. Como tesorero de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ramón Ortiz Erazo trajo a colación el aumento en la gasolina que puede traer un aumento en la tarifa eléctrica y que no se ha presentado ningún análisis económico al respecto en el proceso de revisión. Para la estación de gasolina promedio, sería un aumento de $900 al mes su factura.

Una propuesta concreta que surgió, y que capturó la atención de los comisionados, fue la del profesor Agustín Irizarry Rivera para fijar la factura de acuerdo a la capacidad de pago del abonado. El miembro de la facultad de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, llamó la atención a que estados como Nueva Jersey, Ohio e Illinois ejecutan “percentage of income payment plans” en los que los abonados certifican anualmente su capacidad de pago y cualifican para tarifa reducida, que nunca llega a cero, siempre tiene un pago mínimo. Añadió que hay datos que demuestran que cuando una persona instala placas y baterías en su techo puede cortar hasta un 50% de su costo de energía. Si se acepta la petición de aumento de tarifa de 11 centavos el kilovatio hora y el costo básico llega a 35 centavos el kilovatio hora, el “abandono masivo” de la red eléctrica para moverse a sistemas renovables “es un escenario real”, advirtió. Ya en la isla nos pasamos de pagar solo 6% de los ingresos del hogar en energía, lo que se conoce como el “agobio energético”.

Los comisionados mayormente escucharon las ponencias sin cuestionamiento, pero el presidente, Edison Avilés Deliz, intervino en algunas.

Durante la participación de la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, de la organización Cambio, se enfrascó en una defensa de cómo las decisiones del negociado aportan a lograr la transición hacia energía renovables como fuente de generación. La deponente pidió que las ineficiencias e incapacidades que han demostrado los operadores privados no se le cobren a los abonados mediante un aumento en la factura y que los fondos federales se maximicen para la instalación de sistemas de generación distribuida en techos. Avilés Deliz ripostó que promover proyectos de generación con renovables a escala industrial en el sector privado libera fondos federales que pueden ir a mejorar la red. Pero Vila Biaggi apuntó a que promover esos proyectos grandes, en vez de más pequeños y más cerca de los centros de consumo, es una estrategia que “no ha sido la más costoefectiva para integrar las renovables”.

En la ponencia de las representantes de Earthjustice, el presidente reconoció que el repago de deuda de la AEE sería una cantidad adicional a cualquier aumento que se apruebe en la tarifa y reclamó que “la revisión de la tarifa es solo para ver si es necesario aumentar el presupuesto de los operadores (de la red) para cumplir con unos fines específicos”.

Con los 17 del jueves, se han recibido ya 37 comentarios sobre la revisión de tarifa.