El objetivo de la norma, elaborada en otra época de grandes tensiones en el estrecho de La Florida, es desincentivar al máximo la inversión extranjera en la isla.

EFE – La actualidad judicial en Estados Unidos y los anuncios de reformas económicas en Cuba en medio de fuertes tensiones bilaterales han revivido el interés en la poderosa y controvertida ley Helms-Burton, lastre para cualquier potencial inversión extranjera en Cuba.

En el trigésimo aniversario de su aprobación y ante un posible escenario de apertura económica en la isla tras negociaciones con Washington, la Ley de Solidaridad Democrática y Libertad Cubana, vuelve a erigirse como el nudo gordiano en las relaciones económicas bilaterales.

Para el experto John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, la eliminación de esta espada de Damocles sobre la inversión extranjera en Cuba podría generar una «avalancha de interés» en la isla.

El objetivo de la norma, elaborada en otra época de grandes tensiones en el estrecho de La Florida, es desincentivar al máximo la inversión extranjera en la isla, señala Kavulich, quien destaca que esto ha levantado ampollas durante años en la Unión Europea (UE) y Canadá por su alcance extraterritorial.
La ley abre la puerta a que los ciudadanos de Estados Unidos demanden en sus tribunales a empresas de terceros países que «trafiquen» con propiedades confiscadas tras el triunfo de la revolución cubana, el 1 de enero de 1959, cuando la isla, bajo el liderazgo de Fidel Castro, emprendió un extenso programa de nacionalizaciones a empresas extranjeras y ciudadanos particulares.

Esto significa que una empresa de cualquier país puede ser demandada en los tribunales estadounidenses si tiene algún vínculo con bienes que fueron expropiados, sea un terreno donde posteriormente se ha construido un hotel o un central azucarero.

Así, el reciente anuncio del Gobierno cubano de que permitirá a los cubanos en el exterior invertir en pequeñas empresas privadas cubanas, incluso en proyectos de infraestructura, queda profundamente matizado por la sombra alargada de la Helms-Burton.

A este respecto, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva, señaló esta semana que «las puertas están abiertas al comercio libre con las empresas estadounidenses», pero que esto tiene «un problema» porque «la legislación estadounidense no lo permite».

Agregó que «se requeriría una acción muy audaz del Gobierno de Estados Unidos para transformar esa legislación».

La ley, explica Kavulich, se aprobó en 1996 con una provisión que permitía al presidente de Estados Unidos suspender sus títulos más agresivos durante seis meses, una opción a la que se acogieron todas las administraciones desde ese momento y hasta 2019.

En ese año el presidente Donald Trump decidió que la Helms-Burton entrase plenamente en vigor, dentro de una batería de medidas para aplicar la máxima presión a Cuba. En 7 años se han presentado 45 demandas.

Demandas en el Supremo
Dos de estas demandas se encuentran actualmente en el Supremo de Estados Unidos En febrero se celebraron sendas audiencias orales y la corte debería tomar una decisión en junio.

La primera demanda es contra cuatro líneas de cruceros que operaron entre 2015 y 2019 en la terminal de cruceros del puerto de La Habana, expropiados en 1960 a la Havana Docks Corporation.

La segunda involucra a la petrolera estadounidense Exxon Mobil y la confiscación en 1960 de sus activos en la isla, que incluían una refinería y más de un centenar de estaciones de servicio, por la que la empresa no recibió compensación.

Kavulich considera que la administración Trump, que ha respaldado estas dos demandas ante el Supremo, podría querer con estos procesos «poner más presión» sobre Cuba, que se encuentra sometida desde enero además a un bloqueo petrolero por parte de Washington.

Pero hay vías para reducir esa presión, apunta Kavulich. Por un lado, la Helms-Burton abre la posibilidad a acuerdos privados entre las empresas y los antiguos propietarios o sus descendientes.

Según este experto, varias compañías «han comprado» su derecho a usar esos activos, algo que aporta seguridad jurídica pero que no ha gustado al Gobierno cubano (en parte porque erosiona la legitimidad de sus decisiones pasadas).

Además, prosigue Kavulich, La Habana podría buscar formas de compensar a aquellos que, acogiéndose a la Helms-Burton, se registraron como expropiados sin compensación (por un total de unos $19,000 millones actuales o 16,500 millones de euros).

El presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba apunta que La Habana podría encontrar «fórmulas que no le costasen dinero» al país pero promoverían, «de manera inmediata, inversiones directas», como vacaciones fiscales o reducciones temporales de las tarifas energéticas.

Sin embargo, El Gobierno cubano ha rechazado históricamente esta opción, lamenta este experto, incluso en los años del «deshielo» bilateral, cuando los presidentes Barack Obama y Raúl Castro restablecieron las relaciones diplomáticas.