El Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes se pronunciaron hoy en favor de un proyecto que delegaría a la Policía de Puerto Rico la autoridad para establecer toques de queda para menores de 18 años en zonas que sean consideradas de alta incidencia criminal.

Se trata de una propuesta del representante Torres Calderón que obligaría a los menores a permanecer en sus casas entre 10:00 de la noche y 6:00 de la mañana y establecería la imposición de multas de entre $100 y $250 dólares, madres o tutores de los menores que no respeten el estatuto.

La asesora legal de Justicia, Perla Rivera, consideró hoy en audiencia de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes que ‘la medida tiene aspectos que cumplen de manera satisfactoria con la debida salvaguarda del derecho constitucional del menor a su libertad de expresión y de movimiento’.

Afirmó que ‘la manera más efectiva para asegurar que un estatuto de esa índole sobreviva a un escrutinio estricto por tratarse de derechos fundamentales, es la delimitación precisa del alcance y la implantación del mismo’.

Hizo mención a la inclusión de excepciones a sus prohibiciones y la justificación sólida de su necesidad y provecho mediante datos estadísticos relativos al problema que se desea atender.

Recomendó así que se establezcan excepciones para los menores que trabajen o estudien durante las horas comprendidas para el toque de queda, que estén ejercitando su derecho a la libre expresión, que participen de actividades del gobierno o de organizaciones comunitarias, que esté disfrutando de una actividad cultural, deportiva o de recreación o que tenga un permiso de la persona o agencia a cargo.

Rivera sugirió, incluso, que se extienda la responsabilidad de implantar esa ley a los alcaldes y a sus respectivos Comisionados de la Policía Municipal.

La Policía también se manifestó en favor de la medida, posición que la asesora legal de la Uniformada, Estrella Mar Vega, justificó con información que apunta a que en el 2008, agentes intervinieron con un total de 11,313 jóvenes que comertieron faltas, cuyas edades fluctuaban entre los 9 y 17 años.

Entendió que la legislación está cimentada en que los padres o custodios estén más pendientes en cuanto a la conducta de sus hijos, con quiénes salen y a qué lugares asisten.

Vega identificó a las regiones policíacas de San Juan, Bayamón, Carolina y Ponce como las de mayor incidencia criminal, pero sostuvo que no se excluiría que, ‘cuando el superintendente lo estime necesario, mediante el anuncio pertinente, cobije a otras regiones o zonas policíacas’.

Favoreció, sin embargo, que el toque de queda se implante en toda la isla, para evitar visos de discrimen o marginación.

La medida también fue avalada por la Federación de Alcaldes de Puerto Rico.

Según el propulsor del Proyecto de la Cámara 3275, la Ley se promulga amparada en el ejercicio del poder de reglamentación a favor del interés público y el poder inherente de ‘parens patriae’ para lograr la seguridad y el bienestar del menor.

Aclaró que se consignarán excusas razonables para que a un menor no le aplique el toque de queda.

Entre estas, que el menor esté acompañado por su padre, madre o persona que tenga su custodia, que el menor ubique en la acera directamente frente a su casa, que el menor se encuentre realizando una actividad del empleo, escuela o iglesia; saliendo o regresando de su casa por dicha actividad sin realizar ninguna parada, que el menor esté envuelto en una emergencia o que sea un menor emancipado.

Los menores podrán ser detenidos, por lo que la propuesta contempla que se establezca en los cuarteles una oficina para ‘ofrecer cuido, custodia y orientación a un menor’.