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Tribunales

Regaño de jueza federal al gobierno por caso de la barcaza

Tras una estipulación en la que ganaron poco, la jueza le dijo a la Comisión de Practicaje que tienen que estar más “alineados” con los capitanes que realizan maniobras en la bahía de San Juan.

Por Oscar J. Serrano Oct 13, 2025
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El vicepresidente de Genera PR, Iván Báez, y la gobernadora Jenniffer González Colón. (Juan R. Costa/NotiCel)

La Comisión de Practicaje del gobierno, cuya presidenta había emitido una orden de mordaza contra pilotos que alertaron sobre problemas de seguridad con el tránsito de barcazas de gas en la bahía de San Juan, tendrá que trabajar “más alineada” con esos profesionales de ahora en adelante, dictaminó la jueza federal Silvia Carreño Coll.

Las expresiones de la togada se registraron el viernes después de aceptar una estipulación entre la comisión y los siete pilotos (o prácticos), con la que finalizó la demanda que estos habían presentado contra la entidad pública por amordazarlos. La jueza puntualizó que la controversia, que mantuvo en vilo por dos semanas la entrega de un cargamento de gas, se pudo haber resuelto más rápido si la presidenta de la comisión, Jéssica Ñeco Morales, hubiera comparecido a sala.

En la estipulación, la comisión solo ganó que se le reconociera su capacidad para, como dice su ley habilitadora, regular las funciones de los capitanes de manera que “los recursos naturales, el medio ambiente, la vida y propiedad de los ciudadanos queden absolutamente protegidos”. Sus demás actos y argumentos, los perdieron.

Después de que la jueza emitió una orden temporera anulando la mordaza, la entidad aceptó retirar formalmente la carta de cese y desista del 15 de agosto en la que su presidenta unilateralmente dictó que los pilotos no podían comunicarse con ninguno de los componentes del tránsito marítimo sobre sus preocupaciones. Estos habían alertado que la empresa NFEnergía LLC había retirado las remolcadoras con capacidad de 80 toneladas que, tras dos años de simulaciones, se habían acordado que eran las necesarias para mover las barcazas.

Desde la demanda de los pilotos el 31 de agosto, la empresa y la comisión habían intentado argumentar que cualquier acuerdo que tuvieran no era vinculante para nadie, que era solo un consenso entre los pilotos y que ese parecer no se les podía imponer para el movimiento de las barcazas. Cuando el movimiento comenzó, las naves tenían un tamaño, pero ahora la empresa usa barcazas con hasta 10 veces la capacidad de las originales.

Pero, al aceptar la estipulación y desestimar el caso contra la comisión, la jueza subrayó que, en adelante, la comisión y su presidenta “deben estar más alineados con la San Juan Bay Pilots ya que, en última instancia, a todos se les confía la seguridad de la bahía de San Juan, de acuerdo con la ley (habilitadora de la comisión)”.

“Más aún, el tribunal resalta que, aunque debidamente representada mediante abogados, la comisionada (Ñeco Morales) no asistió a ninguna de las vistas. Su presencia en este proceso pudo haber facilitado una resolución más rápida de los asuntos que le conciernen a la comisión y a ella”, añadió.

La semana pasada, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos (AP), Norberto Negrón Díaz, dijo a Rayos X que la presidenta se ausentó de su posición, justo cuando el caso comenzaba, por vacaciones que ya estaban programadas. Al momento de su designación más temprano este año, Ñeco Morales no tenía experiencia en el campo de transporte marítimo y el practicaje.

El documento dice también que la comisión tiene que reconocer todos los deberes y facultades de uno de los capitanes demandantes, Carlos Ramos, como miembro de la comisión, incluyendo notificarle todas las cartas, convocatorias y demás comunicaciones mediante las que la comisión opera.

La comisión suscribió la estipulación con los demandantes después de que la jueza amenazara con seguir el caso en contra de la entidad pública si el documento no se le presentaba para el viernes a las 5:00 pm.

La estipulación entre los demandantes y la comisión le sigue a otra que se registró la semana pasada entre los capitantes y la gasífera, que es una subsidiaria de New Fortress Energy (NFE). En ese acuerdo, la jueza levantó por 45 días la orden con la que prohibió el tránsito de barcazas usando remolcadoras de menor capacidad que las que se estaban usando. En ese período, ocurrió ya la entrada de una barcaza el viernes pasado pero, para la entrada de la próxima el 1 de noviembre, tiene que haber dos remolcadoras con capacidad de más de 70 toneladas dedicadas exclusivamente al tránsito de estas naves. También, tiene que desarrollarse un consenso entre los pilotos y la gasífera sobre cuál es la configuración de remolcadoras que garantiza la seguridad del puerto por donde entra casi toda la mercancía que se consume en la isla, así como cientos de miles de personas que residen cerca del mismo.

Vea:

Bajo supervisión del tribunal federal el movimiento de barcazas de gas

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  • barcazas de gas
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  • tribunal federal

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