Bogotá – El colectivo civil de Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP) propondrá que sean los empresarios del país los que financien la logística para la operación de entrega de los uniformados que la guerrilla de las FARC mantiene como rehenes, anunció hoy en Bogotá la líder de esa agrupación, la excongresista Piedad Córdoba.

La exlegisladora dijo a la prensa que esta posibilidad puede ser la salida a la postura del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos contraria a que sea Brasil el que facilite, como en el pasado, los medios de transporte para la misión humanitaria.

‘Apelaremos a empresarios y a personas que puedan sufragar los costes en que se deba incurrir para la liberación de quienes son considerados como héroes de la patria’, declaró Córdoba antes del inicio de un encuentro institucional de CCP en Bogotá.

A la cita asisten como invitados el estadounidense Marck Chernik, experto en resolución de conflictos, y el colombiano Carlos Arturo Velandia, de la Escuela de Cultura y Paz de Barcelona (España), así como una treintena de miembros del colectivo, creado hace más de tres años para promover una salida política al conflicto interno.

Córdoba admitió que es decisión del Ejecutivo permitir o no que otro país facilite los helicópteros y las tripulaciones que se necesitan para evacuar a los rehenes que sean liberados.

En el pasado, Venezuela y más tarde Brasil prestaron estos servicios, mediante los cuales fue posible que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaran de manera unilateral a una veintena de políticos, militares y policías en su poder.

Los rebeldes mantienen aun cautivos a once uniformados, seis de los cuales fueron incluidos en una relación de rehenes por liberar que completaron hace pocos días con la revelación de la identidad de los últimos tres de ellos.

Los cautivos por liberar son el militar Luis Alfonso Beltrán Franco y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero Romero y José Libardo Forero Carrero, todos con más de doce años en cautiverio.

‘El Gobierno, seguramente, no va a facilitar aeronaves de Brasil ni de ningún país’, admitió Córdoba, y apuntó que la búsqueda de una alternativa a este tropiezo ha estado en manos de la presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), Marleny Orjuela.

En la reunión, que abarcará todo el día, CCP también analizará la situación de los prisioneros de guerra y presos políticos, las agendas de paz y el futuro de este grupo civil, según anticipó Córdoba.