Los independentistas repudian la visión desarrollista de Jenniffer González Colón debido a que entienden promueve una política pública centrada en el cemento y la varilla que ignora las necesidades ecológicas del país.

La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó una serie de medidas orientadas a salvaguardar el medio ambiente, al tiempo que denunció la visión desarrollista del gobierno de Jenniffer González Colón, a quien acusan de promover una política pública centrada en el cemento y la varilla que ignora las necesidades ecológicas del país y amenaza directamente a las comunidades más vulnerables.

Durante una conferencia de prensa, los legisladores Denis Márquez, María de Lourdes Santiago, Adriana Gutiérrez, Nelie Lebrón y Adrián González presentaron una agenda legislativa robusta que, según expresaron, responde tanto a recomendaciones científicas como a reclamos comunitarios.

Márquez aprovechó la oportunidad para reafirmar la oposición del Partido Independentista Puertorriqueño a tres proyectos de desarrollo actualmente en discusión pública, y sostuvo que tanto en la Cámara como en el Senado, la colectividad ha estado activa en denunciar estos planes, presentar medidas legislativas en su contra y respaldar a las comunidades afectadas. Entre ellos, subrayó su rechazo al proyecto Moncayo, en Fajardo.

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«Reafirmamos nuestra oposición al proyecto Esencia en Boquerón, Cabo Rojo, y de igual forma, nos reafirmamos en la transformación del paseo lineal de Rincón, no como han señalado algunos, que es una oposición, sino a una transformación. A que el mismo sea apropiado con el medio ambiente, con la zona costera, con el bosque, como lo piden las comunidades», destacó el portavoz del PIP.

Entre las medidas más destacadas figura el Proyecto de la Cámara 553, que crearía la “Ley de Adaptación y Defensa Costera de Puerto Rico” para establecer zonas de clasificación costera y proteger comunidades ante el avance del mar. También el PC 191, que busca proteger los humedales y áreas inundables de desarrollos no sostenibles mediante criterios más rigurosos en los permisos de construcción.

Por otro lado, el PC 550 propone enmendar el Código de Construcción de Puerto Rico para integrar estándares de eficiencia energética como los del U.S. Green Building Council (USGBC), mientras que el PC 552 establece una moratoria de cinco años a proyectos que incumplan con los límites establecidos en la Ley de Política Pública Ambiental.

En el ámbito legislativo más amplio, el PC 554 busca crear la “Ley de Mitigación Natural para Las Cosas” para proteger especies costeras, dunas, humedales y otras áreas críticas ante amenazas como el cambio climático. Además, el RC 270 ordena una investigación sobre la contaminación acústica producida por industrias como la generación de energía mediante etanol (E10) y su impacto en las comunidades vecinas.

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Por su parte, Denis Márquez subrayó que gran parte de estas medidas se alinean con las recomendaciones del Comité de Expertos del Cambio Climático, y que el PIP, a través de su participación en la Comisión Conjunta sobre el Cambio Climático, seguirá impulsando su adopción.

María de Lourdes Santiago, sin embargo, denunció la existencia de una “anomalía jurídica” que permite validar declaraciones de impacto ambiental vencidas bajo el argumento del “derecho adquirido de construcción”, lo que a su juicio perpetúa desarrollos sin evaluación ambiental actualizada, particularmente en zonas costeras altamente vulnerables.

«Hay una enorme, enorme anomalía jurídica que se ha producido al amparo de un disparate que han llamado el Derecho Adquirido de Construcción, y es que si la declaración de impacto ambiental es del 2012, al ser previa al reglamento, se habría aprobado el Derecho Adquirido de Construcción en el año 2017», dijo la senadora.

En sus expresiones, Adriana Gutiérrez Colón contrastó el enfoque del PIP con el del actual gobierno, al que acusó de privilegiar los intereses del capital inmobiliario sobre el bienestar colectivo. “Este no puede ser el cuatrienio del cemento, tiene que ser el cuatrienio de la justicia climática y la dignidad ambiental”, sentenció.

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