La resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de negar la acreditación a la Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos (FDEMDH) estuvo influenciada por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, se conoció ayer.

Rivera Schatz se comunicó directamente con jueces del máximo tribunal del país con el fin de que no se refrendara a la FDEMDH para allanar el camino para el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), interesado en adquirirla pese a haber cortado negociaciones en ese sentido, según una fuente de la judicatura que prefirió el anonimato.

El acercamiento del líder del Senado -quien hasta la publicación de esta nota no había respondido a un llamado de INS- a los máximos magistrados se produjo luego de que se reuniera en el Capitolio con el presidente del SUAGM, José ‘Pepe’ Méndez, que desea establecer una escuela de Derecho.

Representantes del SUAGM estuvieron negociando con las autoridades de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos para integrarla a su estructura educativa, pero las conversaciones se cortaron después de la tercera ronda en noviembre de 2010.

El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, habría ejercido ‘fuerte presión’ para que las partes llegaran a un acuerdo, se indicó a la agencia INS, lo que no se logró debido a las condiciones impuestas por la Junta de Directores de la FDEMDH, que incluían comprometerse con un plan de acreditación.

Otra de las razones para que el acuerdo ‘no cuajara’ se debió al interés de la SUAGM en la cesión incondicional de activos de la institución mayagüezana valorados en más de 15 millones de dólares.

Establecer en este momento una escuela de Derecho costaría, se explicó a la agencia Inter News Service, cerca de 20 millones de dólares, ‘lo que hace apetecible’ la adquisición de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos.

De hecho, dos semanas antes de emitirse la resolución del Tribunal Supremo en perjuicio de la Hostos, la SUAGM tanteó a algunas instituciones bancarias del país, según la fuente, para financiar la adquisición de una escuela de Derecho.

Desde 2003, cuando el Tribunal Supremo la acreditó por primera vez provisionalmente, hasta el presente, la Hostos ha recibido fondos públicos ascendentes a unos 20 millones de dólares, se informó.

El presidente de la Junta de Síndicos de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, Carlos Rivera Lugo, se sorprendió con la resolución del alto foro judicial del pasado 30 de junio y que conocieron el sábado 2 de julio, pues han cumplido con casi todas las exigencias impuestas en 2008 y con las observaciones de la American Bar Association (ABA) en abril del año anterior.

Incluso, en su opinión disidente la jueza asociada Liana Fiol Matta reconoció que no se tuvieron en cuenta los avances alcanzados por la institución en los últimos tres años.

‘No podemos evaluar una solicitud como la presente utilizando un enfoque estrechamente económico, menospreciando los avances y logros alcanzados desde 2008 por la Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos’, opinó Matta.

La FDEMDH había, además, presentado una moción informativa al Tribunal Supremo de que se crearía una Corporación Especial, siempre que se recibiera la acreditación, en concordancia con el municipio de Mayagüez para darle solidez económica a la institución académica.

La Hostos sobrepasó también el requisito de que al menos el 35 por ciento de sus egresados pasaran la reválida en el primer intento. Esto se logró en septiembre de 2010 cuando 5 de los 9 aspirantes obtuvieron su licenciatura, lo que representó el 56 por ciento.

Además, explicó el decano Carlos Rodríguez Sierra, se inició la construcción de una biblioteca y de incrementó la colección bibliográfica a 67,300 volúmenes impresos y 135,106 en microformatos.

Esto sembró la confianza en las autoridades de la Facultad de Derecho Hostos en el sentido de que los jueces del Tribunal Supremo la acreditarían al menos de modo provisional por tres años más.

Rivera Lugo se quejó de que el Tribunal Supremo insiste ‘en requerir que la ABA acredite a nuestra Facultad de Derecho cuando el propio Tribunal Supremo aun no se ha comprometido a otorgar la aprobación que corresponde a priori a nivel local’.

La Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos solicitará al Tribunal Supremo que reconsidere su resolución, de la que no participó la jueza asociada Mildred Pabón Charneco, a la vez que pedirá se investigue la presunta filtración de su decisión antes que la conocieran los interesados.