A raíz del debate sobre el uso medicinal de la planta y los productos de cannabinoides sintéticos no regulados, NotiCel conversó con José Antonio Maes Aponte: abogado, profesor y experto en la industria.

En medio del resurgir del debate legislativo sobre el cannabis medicinal y la venta descontrolada de cannabinoides sintéticos en Puerto Rico, NotiCel conversó con el licenciado José Antonio Maes Aponte, abogado, profesor y experto en legislación sobre cannabis, para aclarar conceptos, confrontar la desinformación y analizar posibles soluciones a un mercado que avanza sin regulaciones claras.

La conversación se da luego de una vista pública celebrada por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, presidida por Gabriel Rodríguez Aguiló, para evaluar el Proyecto de la Cámara 223. La medida busca facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a reglamentar productos con cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides cuando son vendidos en establecimientos no autorizados, como gasolineras, panaderías o smoke shops.

Durante la vista, la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, reiteró su oposición total al cannabis medicinal y cuestionó incluso la existencia de clínicas autorizadas, alegando que se trata de una legalización encubierta de la marihuana. “Esto está por la libre”, sentenció.

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Para Maes, ese tipo de afirmaciones responden a un desconocimiento preocupante.

“Con todo el respeto a la representante (Lisie Burgos), está muy desactualizada. Cita estudios que ya no están vigentes. El propio gobierno federal ha comenzado un proceso para reclasificar el cannabis como una sustancia de clase III, lo que implica su reconocimiento como medicina controlada, similar a medicamentos como la codeína o la testosterona”, explicó el licenciado, haciendo referencia al proceso de reclasificación iniciado bajo la administración Biden.

La diferencia está en la regulación

Según Maes, la distinción más importante entre el cannabis medicinal y los productos no regulados que hoy se venden libremente en la Isla es el control de calidad.

“Los productos que se venden en dispensarios autorizados en Puerto Rico pasan por pruebas de laboratorio rigurosas. Las flores pasan por nueve pruebas, incluyendo detección de micotoxinas, metales pesados y pesticidas. En cambio, los productos que se venden en gasolineras o smoke shops no tienen ningún tipo de control más allá de una simple prueba de potencia para verificar que tengan menos de 0.3% de THC”, detalló.

Esa brecha de fiscalización, explicó el licenciado, ha permitido que en el mercado florezcan productos alterados químicamente como Delta-8 o Delta-10— creados a partir del CBD y que no son cannabis en su estado natural, sino compuestos sintéticos con riesgos para la salud.

“No se les hacen pruebas para detectar químicos usados en el proceso. Esos productos (sintéticos) están, en su mayoría, contaminados y representan un riesgo real para quienes los consumen”, subrayó.

Competencia desleal y acceso sin control

Maes también denunció que esta industria paralela, que opera sin licencias ni estándares mínimos de seguridad, ha generado un entorno de competencia desleal contra los dispensarios regulados.

“Hay productos con etiquetas que dicen THCA. Ese compuesto, que se convierte en THC al calentarse, es el mismo que producen los cultivadores licenciados. Pero en la calle lo venden a $200 la libra, mientras que en el mercado legal cuesta $1,200. Y solo se les hace una prueba. Es un negocio billonario operando sin cumplir con ninguna de las reglas que sí se exigen en la industria medicinal”, explicó.

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Además del factor económico, Maes expresó su preocupación por los casos de personas, incluyendo menores de edad, que han llegado a salas de emergencia con episodios de psicosis tras consumir estos productos sintéticos.

“La gente ve los efectos, huele marihuana en la calle, y asume que es cannabis medicinal. Pero no, estos casos están vinculados al consumo de cannabinoides sintéticos mal procesados y contaminados. Eso hay que aclararlo”, advirtió.

¿Legalización como solución?

Respecto al dilema de si Puerto Rico debe avanzar hacia la legalización recreacional y uso adulto del cannabis, Maes fue claro: sí, pero con controles y medidas estrictas.

“Estoy de acuerdo con que estos productos sintéticos deben prohibirse, no regularse. Pero si hablamos del cannabis natural, mi opinión personal es que la legalización es la respuesta, siempre que se haga a través de dispensarios y con los mismos controles de calidad del uso medicinal: empaques seguros, publicidad no dirigida a menores, y pruebas rigurosas”, sostuvo.

Rechazó, sin embargo, la idea de que la legalización promueva el consumo irresponsable.

“Hay estudios en otras jurisdicciones donde no ha aumentado el consumo ni los accidentes de tránsito tras la legalización. De hecho, el uso responsable y controlado de cannabis no es lo que está provocando los problemas en la calle. La violencia que estamos viendo no es culpa de la marihuana medicinal”, concluyó.

Para Maes, lo urgente es cerrar el vacío legal que permitió que el cáñamo, legalizado por el Farm Bill federal de 2018 para usos industriales como papel, textiles y alimentación, se convirtiera en una puerta trasera para el comercio masivo y desregulado de cannabinoides psicoactivos sin supervisión alguna.

La disputa, por lo tanto, no debería girar en torno a si se debe legalizar la marihuana. Más bien, cuestionarse: ¿Seguirá Puerto Rico permitiendo un mercado paralelo e incontrolado que compite deslealmente con una industria médica regulada o tomará acción clara y coherente para proteger tanto la salud pública como el desarrollo justo del sector?