El juez Marshal Morgan acogió la petición de la fiscalía.

Kiara Ramos Meléndez, la maestra acusada por un gran jurado federal y arrestada ayer por sostener contacto sexual con un menor de 13 años permanecerá bajo custodia indefinidamente mientras se atiende su caso.

En una orden emitida ayer por el juez Marshal Morgan, indicó que permanecerá en ese estado como si fuera “una persona esperando o cumpliendo con una sentencia o como si esperara porque se atienda una apelación”, sostuvo el juez.

La vista de lectura de acusación ha sido señalada para el 11 de marzo ante el juez Morgan. La mujer es representada por Jesús Hernández García.

En una moción presentada por la fiscalía, se indicó que debido a que la acusada ha sido señalada por cometer un delito contra un menor “se debe presumir que no hay condición, o combinación de condiciones que razonablemente asegurarán que la acusada aparezca cuando se le requiera (en procedimientos judiciales)”.

La fiscalía sostiene que se debió -como se hizo- tomar en cuenta la gravedad de los cargos, el peso de la evidencia y el historial de la persona.

“En este caso, la acusada Kiara Ramos Meléndez abusó su posición de confianza y autoridad, como maestra, para coercer y provocar a un menor varón, entre las edades de 13 y 14 años, para realizar conducta sexual y recibir imágenes de naturaleza sexual del menor”, lee el documento.

Ramos Meléndez fue arrestada ayer por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) bajo cargos penales relacionados con conducta de explotación infantil.

Según la alegación del estado, desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2023, la acusada utilizó su teléfono celular, así como servicios de mensajería instantánea de Internet para persuadir y seducir a un menor de edad, de entre 13 y 14 años, para que participara en actividades sexuales y solicitar y recibir imágenes sexualmente explícitas del menor. Desde noviembre de 2022 hasta abril de 2023, Ramos Meléndez recibió imágenes sexualmente explícitas del menor vía WhatsApp.

Entre la evidencia que se presentó en la vista inicial, hay una foto de una prueba de DNA que refleja que el menor es el padre del bebé que tuvo la maestra.

Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan, reveló que fue la escuela la que originó el referido al Departamento de la Familia y de ahí llegó a la agencia federal.

«Este caso empezó en el 2023 en nuestra oficina por un referido que hace el colegio al Departamento de la Familia y llega a nuestro grupo de trabajo que se dedica a este tipo de casos. Se empezó a trabajar, se hicieron las órdenes de allanamiento y se obtiene evidencia de que esta maestra tenía una relación amorosa con un menor de 13 años», dijo la funcionaria en entrevista radial con el programa «Primer Round» en Magic 97.3 FM.

La situación se dio en el Colegio Adventista del Oeste, ubicado en Mayagüez, agregó.

González Ramos manifestó que nunca había visto un caso de esta «magnitud». «Estos casos de personas en posición de autoridad son comunes. Cuando hay un niño entre medio tiene su aspecto único. Nunca había visto un caso de esta magnitud y entiendo por qué el magistrado quiso reservarse el fallo y tomar su tiempo de estudiar la jurisprudencia y determinar fianza. Es un caso complicado», indicó.

«En el caso de un menor de edad, que no tienen edad para consentir, el impacto emocional de tener una relación sentimental con una adulta y de ser padre debe ser uno severo. Le estamos ofreciendo la ayuda de un equipo multidisciplinario. Hay victimas que saben que son víctimas y sienten furia, pero hay víctimas que no saben que lo son», lamentó.

Añadió que “las personas en una posición de confianza pública tienen la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Un docente es una de las primeras líneas de protección de nuestros menores. Los depredadores no tienen un perfil, los hay de todos los géneros, es nuestro trabajo investigarlos a todos y proteger a nuestros hijos. HSI está alerta y no permitiremos que un solo individuo manche el nombre de todos los increíbles maestros que tienen un compromiso real de enseñar y, lo más importante, proteger a sus estudiantes”.

Si es declarada culpable de los cargos de coerción e incitación a un menor a participar en conductas sexuales ilícitas, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua, y por recepción de pornografía infantil se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 5 años hasta 20 años, todos los cargos seguidos de un período de libertad supervisada después de una pena de prisión de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.