El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública reiteró su respaldo a la Resolución de la Cámara 70, dirigida a establecer una moratoria en la creación y expansión de escuelas chárter en Puerto Rico.

El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública expresó hoy serias preocupaciones ante las revelaciones sobre la escuela chárter LEAP STEAM + Forestry University School en Trujillo Alto, la cual había recibido la aprobación del Departamento de Educación para comenzar operaciones el próximo año escolar 2026-2027, pero que, según ha trascendido públicamente, cancelaron su apertura porque no cuentan con una infraestructura para ofrecer servicios educativos a los estudiantes matriculados.

La coalición multisectorial exigió que el Departamento de Educación divulgara el contrato firmado con LEAP SOCIAL ENT PR, lNC y los nombres de los integrantes del comité evaluador responsable de recomendar la aprobación de la escuela que canceló su apertura programada para el próximo mes de agosto. “Resulta inaceptable que se haya otorgado el visto bueno a una entidad que ni siquiera había garantizado un requisito tan fundamental como disponer de un plantel escolar para recibir a los niños y niñas. Una omisión de esta magnitud descalifica la credibilidad y la capacidad del proceso de evaluación llevado a cabo”, enfatizó Liza Fournier Córdova, presidenta de UNETE.

La corporación foránea radicada en el estado de New Jersey y su presidenta Gloria Bonilla Santiago han sido eje de otras controversias relacionadas a retrasos en pagos de nómina a docentes y alegaciones de uso indebido de recursos escolares en sus otras escuelas chárter de Puerto Rico y Estados Unidos.

“La situación relacionada con la entidad LEAP Enterprise evidencia la necesidad de revisar los procesos de evaluación, supervisión y fiscalización de las escuelas chárter en Puerto Rico. Mientras nuestras comunidades enfrentan grandes retos, el compromiso debe ser fortalecer las escuelas públicas existentes y garantizar que cada estudiante reciba una educación digna, equitativa y de excelencia”, señaló Jeffrey Rivera Sanabria, líder comunitario del Residencial Llorens Torres.

Igualmente, cuestionaron el desempeño de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza, las personas encargadas de fiscalizar estas operaciones dentro del Departamento de Educación y denunciaron como alarmante que, a apenas semanas del inicio del semestre escolar, madres, padres y encargados que habían confiado en las promesas de la institución se encuentren en incertidumbre, sin saber qué ocurrirá con la educación de sus hijos e hijas.

Asimismo, Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, resaltó esta situación como una evidencia del desplazamiento sistemático de las comunidades escolares y como una confirmación de lo que han denunciado por años: mientras se promueve la expansión de las escuelas chárter, existen escuelas públicas disponibles, con maestros y maestras certificados y con el compromiso de servir a nuestras comunidades. Además reiteró la urgencia de que el Departamento de Educación garantice los recursos y el presupuesto necesarios para fortalecer las escuelas públicas, en lugar de continuar desviando fondos públicos hacia proyectos privatizadores.

“La situación resulta aún más indignante cuando se pretende utilizar instalaciones que anteriormente albergaron escuelas públicas, las cuales fueron cerradas bajo el argumento de que no existía matrícula suficiente. La contradicción es evidente: se cierran escuelas públicas alegando falta de estudiantes y posteriormente se pretende rehabilitar esos mismos espacios con fondos públicos para beneficio de operadores privados. Una vez más queda demostrado que la privatización es sinónimo de corrupción y del desmantelamiento de los servicios públicos”, sostuvo Martínez Padilla.

“Desde mi trabajo en el Res. Luis Llorens Torres en procesos de formación y acompañamiento juvenil, he conocido de primera mano las necesidades de nuestras comunidades escolares. Nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan escuelas públicas con los recursos adecuados que permitan su desarrollo integral. El sistema de educación pública no puede convertirse en un espacio para experimentos ni intereses privados; debe ser protegido mediante la transparencia, la participación comunitaria y la inversión responsable de los fondos públicos’’ señaló Rivera Sanabria.

El Junte Multisectorial también denunció el trato desigual que el Departamento de Educación mantiene entre las escuelas públicas y las escuelas chárter. Mientras entidades como LEAP ofrecen a las familias grupos de apenas diez estudiantes por grado en el nivel elemental y quince estudiantes por grado en el nivel secundario, en las escuelas públicas del país se declararon cientos de maestros y maestras excedentes por no alcanzar el mínimo de veinticinco estudiantes por salón.

“Es inaceptable que se permita a operadores privados, sostenidos con fondos públicos, establecer matrículas reducidas y currículos individualizados, mientras se le niega esa misma flexibilidad a las escuelas públicas. Si esas condiciones son válidas para las escuelas chárter, también deben serlo para las escuelas públicas, que son las que atienden a la inmensa mayoría de nuestros estudiantes y para quienes están destinados los fondos públicos”, sostuvo Martínez Padilla.

Ante esta realidad, el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública reiteró su respaldo a la Resolución de la Cámara 70, dirigida a establecer una moratoria en la creación y expansión de escuelas chárter en Puerto Rico. El caso de LEAP, la entidad con mayor cantidad de escuelas chárter en el país, demuestra la urgente necesidad de detener la desviación de fondos públicos en contratos al sector privado y realizar una evaluación exhaustiva de sus consecuencias sobre el sistema público de enseñanza.

“Una educación pública, gratuita y apropiada, es lo que garantizan las leyes estatales, federales y la constitución. Los esfuerzos del gobierno deben garantizar los recursos humanos, fiscales y materiales que propendan al máximo desarrollo del potencial humano. Para el gobierno de Puerto Rico el cumplimiento con los servicios educativos y relacionados a la población de educación especial no representan ninguna prioridad. Reclamamos que las autoridades prioricen a nuestras escuelas públicas y se detenga la privatización” añadió Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Educación Especial.

La coalición también expresó su solidaridad con las madres, padres y encargados afectados por esta situación y les exhortó a matricular a sus hijos e hijas en las escuelas públicas de sus comunidades. Resaltaron que los maestros, maestras y demás trabajadores del sistema público cuentan con la preparación, el compromiso y la vocación para garantizar una educación de excelencia a toda la niñez puertorriqueña.

Por último, la coalición reiteró la importancia de defender la educación pública exigiendo que se fortalezcan las escuelas públicas, asegurando los recursos necesarios en cada escuela y destinando el presupuesto del Departamento de Educación al servicio de las comunidades y no a intereses privatizadores.