Se Betty Denicce García Guzmán.

Una exempleada del Municipio de Humacao, que llegó a ocupar la posición sensitiva de directora de Programas Federales, enfrenta una querella ética por utilizar dos computadoras propiedades del ayuntamiento para hacer trabajos relacionados a un Juris Doctor.

También trabajó, bajo el convicto exalcalde Reinaldo Vargas y su sucesor, Julio Geigel, como Ayudante Especial en la Oficina de Ayuda al Ciudadano, Ayudante Especial en la Oficina de División Legal y Ayudante Especial en la Oficina de Obras Públicas Municipal.

La mujer, según su página de Meta, se identifica como abogada.

Según la querella presentada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Betty Denicce García Guzmán, entre diciembre de 2021 y mayo de 2024, utilizó computadoras pagadas con fondos públicos para descargar y almacenar documentos y acceder páginas web relacionadas con sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR).

La OEG tuvo conocimiento de la alegada conducta de la mujer gracias a un informe de la Oficina del Contralor. Esta entidad encontró en las computadoras correos electrónicos y documentos, programas de matrículas a cursos y solicitudes de horarios reducidos, correos electrónicos intercambios con cuentas de la PUCPR y evidencia de acceso a las páginas pucpr.edu y lexis.com

La querella detalla la cantidad de veces que accesó páginas de la PUPR, la cantidad de documentos descargados, entre otros trámites.

Según la OEG, García Guzmán violó el reglamento para el uso de computadoras en el Municipio de Humacao, el Código Municipal, la Constitución de Puerto Rico y la Ley de Ética Gubernamental.

“La querellada utilizó su puesto y la propiedad del Municipio, a saber, las computadoras y el correo electrónic que se le asignó, para impartirle un uso privado, contrario a los intereses público y la gestión pública, y obtuvo ventajas y beneficios que no están permitidos por ley, en vilación a la normativa…”, lee la querella de la OEG.

La OEG está recomendando una multa. La querellada tiene 20 días para contestar.