La polémica ordenanza municipal que autorizó al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, a utilizar dinero público para amordazar a sus críticos en las redes sociales tiene su origen en un drama familiar luego que su hijo, que es menor, embarazó a una joven que también es menor de edad.

Pero esa no parece ser la única preocupación que le quita el sueño al ejecutivo municipal, informó una fuente a NotiCel.

Y es que ya comenzó a circular en las redes sociales una comprometedora foto que NotiCel obtuvo en primicia y que muestra a Rodríguez caminando junto al productor Peter Muller, novio de la senadora novoprogresista, Evelyn Vázquez.

En la imagen, el Alcalde de Mayagüez aparece abrazando a Muller, quien tiene contratos con el ayuntamiento para producir diversos eventos en el paseo del litoral.

La ordenanza, que ya ha sido enérgicamente criticada porque viola el derecho constitucional de libre expresión, autoriza a Rodríguez a contratar expertos en informática y redes sociales para investigar a personas que cuelguen material en las redes sociales que pueda afectar la imagen del ayuntamiento y del ejecutivo municipal.

La ordenanza reza: ‘Para autorizar al Alcalde de Mayagüez a contratar los servicios de investigación, legales y otros que sean necesarios, especializado en el uso y regulación de redes sociales que pudieran estar utilizándose de manera maliciosa, publicando acusaciones falsas que puedan lacerar el buen nombre y la imagen del gobierno municipal de Mayagüez, sus gerentes, funcionarios, empleados; y para otros fines’.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) arremetió contra la ordenanza que tiene visos de inconstitucionalidad y es innecesaria, toda vez que el gobierno municipal no tiene jurisdicción para investigar a los usuarios de las redes sociales.

‘Eso es carpeteo político, es un intento para ir tras las personas que hagan alegaciones de conducta impropia contra el gobierno y las personas que se expresan ‘on line’. Además, la Legislatura Municipal no tiene jurisdicción para investigar el uso del internet. Eso es un campo ocupado federal, es una pérdida de tiempo’, dijo a NotiCel el presidente de la ACLU, William Ramírez.

Destacó, además, que para limpiar el nombre del ayuntamiento, sus empleados y el ejecutivo municipal existe el remedio de la demanda por daños y perjuicios, por lo que la ordenanza es innecesaria.

‘Tienes la acción de daños por libelo, difamación y calumnia. Ya hay maneras y formas de atender esos asuntos, el autorizar al ejecutivo a investigar cualquier persona que se exprese de cualquier forma que pudiera ser adverso al municipio, es carpeteo. La expresión es protegida, no importa el lenguaje que se utilice’, sentenció Rámirez.

La contralora, Yesmín Valdivieso, no quiso hacer comentarios sobre el uso de fondos públicos municipales para lo que muchos han llamado ‘carpeteo’, una práctica por la cual el gobierno tuvo que pagar cientos de miles de dólares a independentistas perseguidos.