El objetivo del proyecto es crear una estructura homogénea de honorarios notariales obligatorios y establecer tarifas mínimas, entre otros propósitos.

Representantes del sector bancario, instituciones financieras, asociaciones de abogados y notarios han manifestado públicamente su desacuerdo con los posibles incrementos en los honorarios por servicios notariales, en el marco de la discusión de un proyecto de ley que busca enmendar la Ley Notarial de Puerto Rico.

El debate se intensificó durante una vista pública organizada por la Comisión de lo Jurídico, presidida por el senador Ángel Toledo López. El objetivo del proyecto, impulsado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, es crear una estructura homogénea de honorarios notariales obligatorios, establecer tarifas mínimas, limitar la negociación de los honorarios, exigir el pago inmediato de aranceles y fijar sanciones en caso de incumplimiento, todo ello con el fin de fortalecer la seguridad jurídica y la fe pública notarial en la isla.

Toledo López subrayó la necesidad de un análisis profundo del proyecto, señalando que el fondo del debate radica en el valor atribuido al trabajo profesional. “La comisión no pretende poner precio al trabajo de nadie, sino evaluar la función del notario que, en las operaciones inmobiliarias, asume una gran responsabilidad antes y después del acto”, indicó Toledo a NotiCel.

La audiencia contó con la participación de dos paneles de expertos. El primero compuesto por el Colegio de  Abogados, la Oficina de Administración de Tribunales y el Colegio Notarial. El segundo panel incluyó a la Asociación de Bancos, la Asociación de Bancos Hipotecarios, la Asociación de Realtors y Asociación de Constructores. Ambos grupos presentaron posturas críticas respecto al impacto económico de la medida, pero sobre todo en el mercado de bienes raíces y en el acceso a la vivienda.

Por un lado, la Oficina de Administración de los Tribunales recomendó que “el texto legal no limite el deber ético de facilitar acceso a la justicia para quienes no pueden pagar”. Además, durante la ponencia, la licenciada Giselle Rosa González y el licenciado Manuel Ávila De Jesús, en representación de sugirieron que las multas por impago de honorarios recaigan sobre los otorgantes, no sobre los notarios, y que se establezca un deber de advertencia por parte de estos. 

Mientras que, Ismael García Ortega, presidente del Colegio Notarial de Puerto Rico, apoyó la iniciativa con enmiendas, destacando la importancia de la función notarial y solicitando una regulación clara para la expedición de copias certificadas de documentos públicos.

El Colegio de Abogados y Abogadas, representado por Ángel Alicea Montañez, respaldó la propuesta de uniformizar y hacer no negociables los honorarios notariales, alegando que desde 1987 no se revisaban sustancialmente, pese al incremento del coste de vida y de las exigencias profesionales. Alicea propuso una tarifa fija para la expedición de copias certificadas.

No obstante, la Asociación de Realtors, a través de Adelaida Torres y Joel Carrión, reconoció la intención de la ley de proteger la función notarial. Sin embargo, advirtieron la necesidad de modificaciones para evitar que los aumentos afecten la capacidad económica de la clase media y al mercado inmobiliario. Respaldaron los mecanismos para garantizar el pago inmediato, pero reclamaron mantener un rango de honorarios, evitando la imposición de tarifas fijas.

De igual modo, la Asociación de Constructores, representada por Juan Carlos Muñoz, se opuso a los incrementos, aunque avaló las medidas de control y penalización para asegurar el pago a los notarios. Muñoz sugirió adaptar la legislación a los recientes cambios sobre el concepto de vivienda de alto impacto social, económico y para repoblación.

“La preocupación más allá, verdad, de obviamente reconocer que siempre los notarios tienen una responsabilidad, es el que el propio Estado te impone la utilización del notario. No es en mi caso, la banca, están quitando y poniendo una obligatoriedad de honorario sin negociación. Esa es la preocupación principal y sobre todo hay otras cláusulas que al sacar el cómputo, estamos hablando de 300% de aumento, 167% de aumento, 66% de aumento. Entiendo que también este proyecto puede dar paso a evaluar lo que el Estado pide declaración jurada y ya lo han hecho. Habían planillas de individuos y de corporaciones que solicitaban declaraciones juradas y así se han eliminado ese requisito y va directamente a un alivio al consumidor. Pues a lo mejor este proyecto como tal abre la puerta de que los notarios trabajen con la legislatura y el Estado, obviamente, para evaluar qué verdaderamente hace falta, porque en otras jurisdicciones la notaría es distinta”, expresó  Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos.

Álvarez Rubio insistió en la importancia de un análisis más profundo de los aspectos que pueden tener un impacto económico.

“La ley establece ahora de 0.5 a un 1%, pero es conocimiento público que cuando hay volumen se pagan el 0.5% o hasta un 7%. Pero si te imponen obligatoriamente un 1%, o si de $30 o $25 que te esté cobrando un abogado para una declaración jurada, ahora te tiene que cobrar no menos de $50, pues definitivamente eso se traduce en aumento”, agregó.

El presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios, Carlos Del Valle, también mostró su preocupación por el efecto que tendría la medida en el costo de las transacciones hipotecarias, especialmente en un contexto de inflación, escaso crédito y alto interés. 

Tras la vista pública, la Comisión de lo Jurídico elaborará un informe con las recomendaciones de los expertos, que será evaluado y sometido a discusión en el Senado de Puerto Rico en la fecha que corresponda.