La petición de habeas corpus de emergencia fue presentada el 13 de julio en representación de Inocencia Rodríguez, inmigrante dominicana, para impugnar lo que se la ACLU describió como una detención ilegal. 

Una jueza federal detuvo este miércoles el traslado inmediato de una mujer inmigrante detenida en Puerto Rico y ordenó la celebración de una vista de fianza, al tiempo que advirtió sobre la posible ilegalidad de su detención, tal como fue señalado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico en el recurso legal que presentó ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.  

La petición de habeas corpus de emergencia fue presentada el 13 de julio en representación de Inocencia Rodríguez, inmigrante dominicana, para impugnar lo que se la ACLU describió como una detención ilegal. Se trata del décimo caso presentado por la organización en materia de derechos de inmigrantes en lo que va de año. 

«Inocencia representa un ejemplo contundente del abuso institucional y del trato ilegal que sufren miles de personas inmigrantes que residen en nuestro archipiélago y que son parte de nuestras comunidades», subrayó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.  

Rodríguez fue detenida el viernes, 10 de julio durante un operativo de varios vehículos ejecutado por al menos ocho personas en un punto de control de acceso en Guaynabo. Al momento de la intervención conducía un vehículo a su nombre ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y ninguna autoridad local había ordenado una detención vehicular. Este ha sido el método de intervención ilegal y violenta utilizado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), relacionado con la muerte de al menos tres en Texas, Maine y Florida.  

Rodríguez es beneficiaria de una Petición de Familiar Extranjero, conocida como formulario I-130, aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) y presentada por su esposo, Pablo Rafael Mota, residente legal permanente. También obtuvo, el 24 de abril de 2025, la aprobación de su formulario I-601A, como parte del proceso requerido para regularizar su estatus migratorio mediante trámite consular.  

«De ser cierto, esto haría ilegal la detención de la Peticionaria. Por consiguiente, el Tribunal considera justificada la emisión de una orden de restricción temporal. Si los hechos alegados en la presente petición son ciertos, de no obtenerse una medida cautelar, la Peticionaria podría sufrir el daño irreparable de que se le niegue una comunicación efectiva con su abogado y la oportunidad de impugnar su detención», anotó en su orden la jueza Maria Antongiorgi Jordan. 

En su solicitud, la ACLU de Puerto Rico argumentó que Rodríguez, quien tiene una hija de ocho años que es ciudadana estadounidense, no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, por lo cual solicitó su liberación inmediata y la celebración de una vista de fianza conforme a la ley federal. 

En las últimas semanas, el equipo de la ACLU de Puerto Rico ha documentado acciones de agentes del ICE que han incluido agresiones físicas, intervenciones arbitrarias en presencia de menores, intervenciones injustificadas en vías de tránsito vehicular y violaciones al debido proceso, entre otros aspectos. Personas también han documentado estas acciones y los vídeos han sido publicados a través de redes sociales.  

La ACLU de Puerto Rico junto a la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la UPR y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha representado a diez personas inmigrantes –incluyendo a Inocencia Rodríguez- cuyos derechos básicos han sido violentados y quienes representan una muestra de lo que atraviesan cientos de personas inmigrantes en nuestro archipiélago.  

En nueve de los diez casos, la organización y sus colaboradores han logrado frenar el traslado expedito de inmigrantes o que el tribunal ordene al ICE traer a la persona de vuelta a la jurisdicción de Puerto Rico. Además, ha logrado el acceso a las vistas de fianza a la que tienen derecho. Sin embargo, no en todos los casos los jueces de inmigración han otorgado la oportunidad de continuar la defensa del proceso migratorio en libertad bajo fianza. Del total de diez casos, jueces de inmigración han negado fianza en dos, a pesar de que ninguna de estas personas representa un riesgo para la comunidad ni riesgo de fuga.  

Para estas personas los obstáculos no acaban con la fianza. En el proceso, la ACLU de Puerto Rico ha identificado patrones de fianzas excesivas sin justificación, trabas procesales y la amenaza constante de la separación de familias. Estos arrestos ocurrieron bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial y reflejan violaciones graves al debido proceso, además de otras posibles violaciones de ley que el pueblo no debe normalizar.  

«Seguiremos utilizando el litigio para exigir que el gobierno federal respete el debido proceso, garantice el acceso a fianza en los casos correspondientes y detenga prácticas de perfilamiento racial y traslados punitivos que afectan a comunidades inmigrantes en Puerto Rico», manifestó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.