Al cierre de junio de 2025, la Oficina de Auditoría Fiscal y Operacional no lo había utilizado para los trabajos para los cuales fue adquirido.

La contralora Carmen Vega Fournier, informó el martes reveló los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y esto incluye el gasto de $119,483 en un sistema de auditoría que nunca llegó a utilizarse, a pesar de que fue adquirido, instalado y acompañado de capacitación para el personal.

El sistema se compró en noviembre de 2020 con el propósito de automatizar y fortalecer los procesos de fiscalización interna de la Rama Judicial.

“La responsabilidad de toda entidad pública es garantizar que los recursos tecnológicos y financieros adquiridos con fondos públicos produzcan beneficios concretos para la ciudadanía y fortalezcan la eficiencia institucional. Las situaciones identificadas en esta auditoría evidencian áreas que requieren atención para asegurar el uso efectivo y responsable de los recursos públicos”, expresó la contralora en declaraciones escritas.

La auditoría cubrió el período del 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2025 y emitió una opinión cualificada, al concluir que las operaciones examinadas se realizaron, en términos generales, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, excepto por las situaciones señaladas en los dos hallazgos contenidos en el informe.

Según la Oficina de la Contralora, entre el 2021 y el 2024 se realizaron pagos por licencias, almacenamiento en la nube, adiestramientos, asesoría, instalación y mantenimiento. Sin embargo, al cierre de junio de 2025, la Oficina de Auditoría Fiscal y Operacional no lo había utilizado para los trabajos para los cuales fue adquirido. La administración sostuvo que la herramienta sí sirvió para crear plantillas, almacenar información y realizar pruebas, pero la Contralora concluyó que esas tareas formaban parte de la preparación inicial del sistema y no de su uso efectivo para auditorías.

El informe también reveló que el Comité de Auditoría Interna de la Rama Judicial permanece inactivo desde abril de 2014. Este organismo fue creado para fortalecer la independencia y confiabilidad de las auditorías internas y asesorar sobre asuntos de fiscalización. La Contralora determinó que la ausencia del comité limita los mecanismos de supervisión y transparencia dentro de la Rama Judicial. Aunque la Oficina de Administración de los Tribunales argumentó que el comité cumplió su propósito original y que no existe obligación legal de reactivarlo, la Contralora sostuvo que la orden administrativa que lo creó continúa vigente y que este tipo de organismos constituye una práctica reconocida para fortalecer la fiscalización institucional.

Como resultado, la contralora recomendó reactivar el comité, designar sus miembros e implantar medidas que garanticen que las inversiones tecnológicas produzcan beneficios concretos. La Oficina de Administración de los Tribunales recibió asignaciones por aproximadamente $505.7 millones entre los años fiscales 2021-2022 y 2024-2025, realizó desembolsos por $470.6 millones y mantuvo un saldo acumulado cercano a $35.1 millones.