Gobernadora veta proyecto de aumento a bomberos por falta de fondos
“La creación y puesta en vigor de un plan retributivo conlleva costos tanto en su diseño como en su ejecución, especialmente si implica aumentos salariales no contemplados», dijo Jenniffer González.
El proyecto le permite al secretario de Seguridad Pública reglamentar la clasificación de puestos, las escalas salariales y el plan retributivo. Archivo/NotiCel.
La gobernadora impartió un veto a un proyecto de ley que facultaba al secretario de Seguridad Pública a crear el andamiaje necesario para honrar un aumento de salario a los bomberos.
La mandataria indicó al anunciar el veto que el Proyecto del Senado 678 no identifica la fuente de dinero para honrar el aumento, que elevaría el salario mínimo de estos funcionarios a $2,500 y también les otorgaría un aumento mensual de $375.
La medida indica que si bien se aprobó en el 2023 una ley para darles el aumento a los bomberos, lo que implicaría un incremento de $1,500 mensuales al comparar con el salario mínimo mensual vigente, el incremento ha estado detenido porque la Oficina de Adminsitración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) ha indicado que no tiene jurisdicción sobre estos trabajadores y tampoco los policías y los oficiales correccionales.
El proyecto entonces le permite al secretario de Seguridad Pública reglamentar la clasificación de puestos, las escalas salariales y el plan retributivo.
Sin embargo, la gobernadora señala como otro punto de objeción que el proyecto “delega en el Departamento de Seguridad Pública la reglamentación de la clasificación de puestos, escalas salariales y plan retributivo. Para ello, el DSP debió determinar el costo de implementación y certificar la disponibilidad de fondos durante la evaluación y discusión de esta medida”.
“La creación y puesta en vigor de un plan retributivo conlleva costos tanto en su diseño como en su ejecución, especialmente si implica aumentos salariales no contemplados en el presupuesto vigente. La medida no dispone de qué partida se costeará su implementación, lo que implica que dependerá de recursos aún no identificados. Lo que sin lugar a duda podría afectar la negociación del presupuesto general 2026-2027 que se está llevando a cabo actualmente con la Junta de Supervisión Fiscal, para lograr el segundo presupuesto balanceado de esta administración”, sostuvo la primera ejecutiva.
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