En la medida solo se indica que estas “áreas críticas” de administración, también “pilares del funcionamiento municipal”, pueden ser dejadas en manos privadas.

La Cámara de Representantes atenderá en su sesión de hoy un proyecto de Jorge Navarro Suárez que le permite a los municipios privatizar funciones importantes la Secretaría, la Oficina de Finanzas, Obras Públicas, Recursos Humanos, Auditoría, Manejo de Emergencias e incluso Presupuesto.

“Se autoriza expresamente a los municipios delegar mediate un acuerdo de servicio público… la administración, operación y gerencia de las unidades administrativas a entidades privadas, siempre que el municipio mantenga la potestad de fiscalización y el Alcalde retenga su autoridad como maxima autoridad ejecutiva”, lee el proyecto.

La autorización se alcanza mediante una enmienda al Código Municipal (Ley 107-2020). No obstante, la Asociación de Alcaldes, que se opone a la medida por considerarla innecesaria, planteó que ya los gobiernos municipales pueden privatizar estos servicios.

Queda entonces en el aire la pregunta de para qué entonces se escoge un alcalde y se crea un gobierno municipal.  En la medida solo se indica que estas “áreas críticas” de administración, también “pilares del funcionamiento municipal”, pueden ser dejadas en manos privadas para que los municipios puedan “beneficiarse de la pericia privada, mientras el Gobierno Municipal retiene su función de fiscalización y protección del bienestar general”.

Como parte del análisis de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), se advirtió que la “delegación de funciones esenciales de una agencia o municipio a entidades privadas, en ausencia de controles adecuados de fiscalización, podria generar riesgos significativos, tales como aumentos en costos operacionales, dependencia de contratistas y posibles retos en la gobernanza municipal, aspectos que, a su juicio, deben ser evaluados cuidadosamente”.

La AAFAF también planteó que el proyecto debería contar con un análisis de impacto fiscal, presupuestario y económico que identifique las fuentes de financiamiento, tomándose en cuenta que la contratación de entidades privadas para rendir servicios tiene un costo.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) no asumió postura, señaló que el impato fiscal será “variable y contingente” al valor de los contratos de servicio suscritos. Por lo tanto, según la OPAL, el impacto fiscal sería “neutral”.

De hecho, la AAFAF señaló que se tenía que consultar la medida con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de la Contralora y el Departamento de Hacienda, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, Luis Pérez Ortiz, no lo  hizo.

El Departamento de Justicia no se opuso a la medida y solo levantó objeciones técnicas.